Todavía hay jueces en Hamburgo

Por Fulvio Vaglio

Sería edificante que la historia del molinero Arnold fuera como la cuentan los libros de secundaria: un burgués que, en 1747, se atreve a enfrentarse nada menos que al monarca absoluto, Federico el Grande de Prusia, y le gana la partida gracias a su fe en los tribunales (Es gibt noch Ritter in Berlin, “todavía hay jueces en Berlín”).

La realidad histórica es un poco distinta: sí hubo un pleito legal de Arnold, pero no fue en 1747 sino treinta años más tarde, en 1779, y no fue en contra del rey sino de un noble local; el tribunal de primera instancia había fallado en favor del noble; Arnold recurrió al Tribunal Supremo, que hubiera hecho lo mismo si Federico II no hubiese intervenido en favor del molinero. Lo demás es propaganda del soberano “absolutista ilustrado”.

Los comentaristas han desempolvado la anécdota (en su versión falsa) varias veces; la última después de la rocambolesca odisea de Puigdemont, que lo ha llevado de Bruselas a Helsinki y de aquí, en coche, a Dinamarca y finalmente a Hamburgo donde ha sido detenido el domingo 25 de marzo, con base en la orden europea de aprehensión girada por el Tribunal Supremo Español el 2 de noviembre 2017, retirada el 5 de diciembre y reactivada en cuanto se supo que Puigdemont había abandonado Bruselas y se encontraba en Helsinki para pronunciar un discurso.

La orden de detención europea en contra de Puigdemont tiene dos cargos: rebelión y malversación de fondos; ambos habían sido presentados por el juez de hierro de la justicia española, Juan Pablo Llarena. Según los convenios de extradición vigentes en la Unión Europea, ésta procede cuando un país contempla en su código penal un delito afín al que se le imputa en su país de origen: no es difícil encontrar un equivalente alemán para la malversación de fondos, pero el caso de la “rebelión” es mucho más complicado; la figura jurídica más cercana parece ser “alta traición”, pero la tipificación puede ser muy distinta; por eso, el Centro Nacional de Inteligencia español optó por no hacer arrestar a Puigdemont en Dinamarca cuando se supo que el pájaro había escapado de Helsinki.

Juristas y políticos españoles ya se frotaban las manos calculando promedios de demora en los procesos de extradición: 41.74 días, con un tope legal de hasta 90 días si las cosas se ponían difíciles. Pero todavía hubo jueces, si no en Berlín, por lo menos en Hamburgo. El 6 de abril el Tribunal Superior de Schleswig-Hostein desechó la acusación por rebelión, dejando pendiente la de malversación de fondos, que está bajo serias dudas inclusive en España; por lo pronto, el expresident está libre bajo fianza, aunque no puede abandonar Alemania (no Waterloo por un rato).

El gobierno central ha respondido al “desaire” del tribunal alemán y ha aumentado la dosis: el Ministerio de Interiores ha emitido una circular defendiendo la acusación de terrorismo contra los independentistas; el partido vencedor de las elecciones en Catalunya del 22 de diciembre, Ciutadans de Inés Arrimada y (al nivel nacional) Albert Rivera, se está sumando a la indignación del PP, o por lo menos no se ha deslindado todavía: “cuestiona seriamente” la solidaridad de la justicia europea.

Mientras tanto, el reloj de la agenda política catalana (y nacional) sigue avanzando, entre pasmos y retrocesos: el 22 de mayo se vencen los seis meses desde las elecciones de diciembre y Xavier Trias, del PDECat, profetiza que para esa fecha habrá Govern y Puigdemont decidirá quién será el nuevo president.

Por su parte la Unión Europea ha empezado lo que parece un cauto acercamiento al soberanismo catalán, con la formación de una “plataforma de diálogo UE-Catalunya”, sostenida por eurodiputados de 15 países; en la primera sesión, en el Ateneu Barcelonès, estuvo presente el eurodiputado de Eslovenia, Ivo Vajgl, que es presidente de la plataforma: no en balde el “modelo esloveno” de la secesión de la ex Yugoslavia había sido considerado recomendable y viable para Catalunya.

El PSOE, aunque criticando el inmovilismo del PP y de Ciudadanos, tampoco tiene todo en su favor: la manifestación del 15 de abril (en defensa de los independentistas encarcelados) estuvieron presentes tanto las UGT como Comisiones Obreras, y esto reaviva la amenaza de divorcio de la base sindical del partido socialista.

Xavier Sardá, en El Periódico de Catalunya de hoy 21 de abril, esgrime ocho razones por las que Juan Pablo Llarena debería dejar su cruzada contra Puigdemont, cada vez menos sostenible. Entre ellas, el descrédito de la justicia española frente a sus contrapartes europeas (y especialmente alemana). Parafraseando a Pérez-Reverte, escribe: Sin quitarles ninguna responsabilidad a los independentistas por sus inmensos errores ni por sus pasos en falso, es cierto que la reacción del Estado resuena a los “novios de la muerte”. La tormenta perfecta e inacabable.

* Semiólogo, analista político, historiador y escritor.