Por Alejandro Zúñiga
En medio de la batalla electoral que libran el Frente y Morena para gobernar la ciudad de México, el domingo 27 de mayo se registró un pasaje que mostró el flagrante desvío de recursos públicos del gobierno capitalino y todo lo que son capaces de hacer los actores políticos con tal de conservar el poder.
Lo más indignante fue que el gobierno de la ciudad, desesperado por intentar frenar el tsunami morenista se pasa por el arco del triunfo el principio de imparcialidad al que está obligado y corrompe a quién sea con tal de obtener votos.
Todo comenzó con una conferencia de prensa dominguera, 11:15 de la mañana, los morenistas encabezados por César Cravioto, vocero de Claudia Sheinbaum, y Víctor Romo, candidato de Morena a la alcaldía de Miguel Hidalgo, divulgaron tres vídeos y el testimonio de dos mujeres contratadas por el PRD como promotoras del voto en favor de la candidata frentista a la alcaldía de Miguel Hidalgo, María Margarita Martínez Fisher.
Una aspirante panista que se cambió de nombre y ahora se hace llamar Magui Fisher, con fines de mercadotecnia política, omite el María y el Martínez por ser demasiado comunes y corrientes en la Ciudad de México.
En los vídeos se ve y se escucha al presidente del PRD en la delegación Miguel Hidalgo, Oscar García Cervantes, y a Jesús Suárez García, operador de la campaña de la frentista, acordar pagar los servicios de promoción política a favor de Magui y Alejandra Barrales, mediante siete mil pesos mensuales del Seguro de Desempleo.
Más de siete horas después -mucho tiempo para desmentir en campaña- mediante un despacho de prensa Magui defendió lo indefendible. Dijo, palabras más menos, que los vídeos estaban manipulados y se trataba de una guerra sucia de sus opositores.
Cuando no hay argumentos ni pruebas, solo quedan lugares comunes como el de la “guerra sucia”. Aunque el principal acusado de desviar recursos, el gobierno de la ciudad no habló – y el que calla otorga- se abstuvo de fijar postura al exterior y prefirió que su candidata en Miguel Hidalgo diera la cara, para responder a la grave acusación de desviar los 500 mdp que este año están etiquetados para el Seguro de Desempleo.
Tampoco los actores incriminados en los vídeos dieron la cara y, en todo caso, a ellos les correspondía desmentir que estaban truqueados audios y videos, pero no lo hicieron y mandaron a su jefa a lavarles la cara.
En el boletín más tardado que le han escrito a Fisher, ese sí redactado con ayuda de funcionarios del gobierno capitalino, dice que ningún programa social en la Ciudad de México alcanza el monto de siete mil pesos.
Lo que no le aclararon es que el Seguro de Desempleo admite una modalidad para que el 10% de los recursos asignados, o sea 50 mdp, sean utilizados para el pago de los promotores, quienes pueden ganar hasta 7 mil pesos mensuales o más, por lo que además de cubrirlos, hicieron que mintiera doblemente la panista.
Lo más penoso es que varios promotores del Seguro de Desempleo fueron cesados sin explicación por el director del programa, Julio César Salvador Sámano, 48 horas después de la denuncia morenista. Los obligaron a firmar su renuncia sin fecha, a cambio de dos meses de sueldo.
Así se las gastan en la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del gobierno de la CDMX, paradójicamente, donde tienen la obligación de defender, proteger y auspiciar el empleo para los capitalinos y no correr personas impunemente, salvo que haya temor de que cuenten cómo se desvían los recursos públicos a las campañas de los candidatos del PRD y el PAN en la CDMX.
