Por Alejandra Martínez
Las 50 medidas de austeridad que anunció el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, han generado debate, controversia, incertidumbre y un sinnúmero de artículos periodísticos. Sin duda, lo más preocupante es el anuncio de la desaparición de las áreas de prensa de las dependencias, dejando sólo una gran oficina central, bajo el mando directo de la Presidencia.
La medida llama la atención no sólo por el recorte presupuestal que significaría, ya que es sacar de la nómina a más de dos mil personas que no pertenecen a la alta burocracia, sino sobre todo porque la medida implica una híper centralización de la información oficial, como no se veía desde la época de Carlos Salinas de Gortari.
Aunque en nuestro país las oficinas de prensa de las instituciones federales nacieron oficialmente durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho, el origen de la comunicación política propiamente dicha data del sexenio de Lázaro Cárdenas, cuando surgió la Dirección de Publicidad y Propaganda, como vínculo del gobierno con los medios de comunicación para hacer llegar la información oficial a la sociedad civil.
Desde ese entonces las áreas, oficinas, departamentos y coordinaciones de comunicación social y sus equivalentes han atravesado por diversas etapas, siempre con la Secretaría de Gobernación como orquestadora de la relación entre los medios y el gobierno. Una historia de ya casi 80 años en la que no es nueva la idea de reducir el presupuesto destinado a dichas áreas. Salinas ordenó bajarlo a la mitad, con el argumento de que en ellas se trabajaba poco, pues sólo se hacían boletines, se daba publicidad y se distribuían recursos a los reporteros. Más tarde, Vicente Fox, hizo algo parecido, pero ninguno las desapareció.
Tampoco es nuevo el menosprecio con el que se ve la profesión del comunicador. Frecuentemente los políticos novatos creen que tener un amigo reportero es suficiente para asegurar la presencia en los medios de los mensajes que la institución a su cargo debe hacerle llegar a la sociedad. Suelen pensar que la información de carácter pública puede redactarla cualquiera que tenga frente a los ojos un documento oficial y la disposición de quedar bien con el jefe.
Pero la realidad es muy distinta. Las acciones de comunicación son también acciones de gobierno, y requieren de un proceso muy cuidado a fin de lograr la mejor relación entre gobernantes y gobernados. El comunicólogo, el jefe de prensa, es un especialista que tiene una misión que es a la vez muy técnica y muy política, y cuando un área o gobierno tiene problemas con la manera como comunica, las consecuencias pueden llegar a ser muy graves.
Es bien conocido el papel que jugó la mala relación con los medios en la caída de gobiernos democráticos como el de Salvador Allende, en Chile, y el de Francisco I. Madero, en México.
El ejemplo más inmediato de lo que puede pasar cuando alguien desprecia el trabajo de los especialistas de la comunicación política lo acabamos de ver la semana pasada, cuando el equipo del presidente electo anunció la participación del Papa Francisco en las mesas para la pacificación, noticia que fue desmentida por el área de prensa de El Vaticano.
Así las cosas, si el nuevo gobierno pretende ser transparente, plural, democrático e informar de sus programas y acciones, no deberán desaparecer las oficinas de comunicación. Sí a una política de comunicación uniforme.
Sí a la reducción del gasto en publicidad. Sí a la elaboración de mensajes con una línea discursiva.
Pero no a las versiones únicas, autocráticas y oficialistas. No al menosprecio de las Ciencias de la Comunicación. No al monólogo sin concesiones de la verdad única.
