Javier Ramírez
Hoy, 19 de septiembre de 2018, es la primera ocasión en la que se recordarán los dos temblores que han marcado a los habitantes de la capital, el de 1985 y el de 2017, y con 32 años de distancia uno del otro poco se ha aprendido para enfrentar estos fenómenos.
En ningún lado, en ninguna ciudad, puede construirse con el máximo espectro anti sísmico, pues se viviría en búnkeres. Pero sí se puede planear y adelantarse para intentar mitigar el mayor daño posible, y de manera primordial salvar el mayor número de vidas.
A un año del último sismo se confirma que se dañaron edificios de departamentos, casas; se afectó de manera dramática el sistema hidráulico; a poco se estuvo de generar un problema de seguridad nacional con los daños a centros penitenciarios.
Comunidades en Xochimilco sigue aisladas con el colapso de la única vía de comunicación, y se evidenció el riesgo de las grietas sobre las que viven cientos de familias en Tláhuac.
Trescientos sesenta y cinco días después, hoy, como hace 33 años que ocurrió el otro gran sismo, el gobierno ha quedado a deber a los habitantes de la capital del país.
El censo de damnificados no ha sido terminado; continúa viviendo en la calle medio millar de personas; la inyección de los recursos para destinarlos a la reconstrucción sucumben a la politiquería; los planes de atención olvidaron a las familias que vivían en casas y se enfocaron a los que residían en conjuntos habitacionales.
Ni un sólo edificio de vivienda ha sido levantado o reconstruido, la carretera Xochimilco-Tulyehualco sigue sin ser reparada, y es tal la desesperación de las comunidades a las que se les dificultó el acceso, que debieron iniciar juicios de amparo para obligar al gobierno a garantizar su derecho a la movilidad.
Sí, se atendió infraestructura, pero fue principalmente hidráulica, porque más de un millón de personas quedó sin servicio de agua potable durante días, y una amenaza epidemiológica se cernía sobre algunas zonas. Incluso las afectaciones a los centros penitenciarios, que quedaron en riesgo de derrumbe, siguen esperando acciones que resuelvan la situación.
Poco más de dos meses le quedan al actual gobierno central y menos de 15 días a los delegacionales, que ahora serán alcaldías. Y con ellos, poco a poco se irán diluyendo las responsabilidades de funcionarios que dieron permisos para construir edificios con más niveles de los permitidos, que fueron omisos y casi cómplices con los dictámenes defectuosos de los directores responsables de obra; de empresarios que utilizaron materiales de baja calidad o que encontraron maneras de aumentar unas decenas de miles sus ganancias a costa de poner en riesgo la vida de quienes les compraban sus departamentos.
Dirá el discurso oficial que no, que se esfuerza y actúa en consecuencia.
No. Esto ya está comenzando a tener un tufo a impunidad y falta de justicia.
Y en este marco, el fin de semana se reunió la jefa de gobierno electa Claudia Sheinbaum con padres de familia que perdieron a sus hijos en el Colegio Enrique Rébsamen.
¿Por qué y para qué? No está claro. Pues la exigencia de un lado es que no quede sin castigo quien sea responsable de esa tragedia, y se evite que vuelva a ocurrir. Y del lado oficial salió el compromiso de que no quedará impune el hecho y el ofrecimiento de hacer todo a su alcance para que no vuelva a pasar.
Mismas palabras, mismos actores, diferente escenario de hace unos meses.
Interesante sería que la próxima jefa de gobierno diera a conocer el resultado del estudio que encargó al Colegio de Ingenieros Civiles de México, para que dictaminara las causas del derrumbe del citado colegio, pocos días después del sismo de hace un año.
O que dijera, hasta dónde le haya informado la Procuraduría General de Justicia, cómo y cuánto han avanzado para localizar a la directora y dueña del colegio, pues con ello se pondría luz sobre como obtuvo permisos de Protección Civil y licencias de construcción de la Delegación Tlalpan, territorio que gobernó Sheinbaum.
