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Investigación

El huachicoleo sigue, la lucha sigue

Redacción

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POR: EDUARDO LEÓN Y MARTÍN TAKAGUI

 

Un día después del tercer lunes de enero, considerado el día más triste del año (blue monday), y tres más después de la tragedia de Tlahuelilpan, en su rutinaria conferencia de prensa, el jefe del ejecutivo federal denunció que los huachicoleros sacaron de operación la mayoría de los ductos de la red de distribución de Petróleos Mexicanos (Pemex), incluidos el de Tuxpan-Azcapotzalco y el de Salamanca-Guadalajara.

Andrés Manuel López Obrador reiteró que no va a dar un paso atrás en el plan para acabar con este delito, los criminales claramente quieren sabotear la distribución, no sólo en toda la red, sino en dos de las tres principales metrópolis del país, Guadalajara y la Ciudad de México. La guerra está declarada.

¿DURO Y CONTRA ELLOS?

El gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador ha decidido defender su postura y actuación en su lucha contra el crimen organizado, específicamente contra el robo de gasolinas, luego de que las críticas aumentaron sobre el protocolo de actuación de los elementos del ejercito mexicano y policías desplegados para custodiar el ducto donde se originó la lamentable tragedia en Tlahuelilpan, que hasta el momento ha cobrado la vida a 94 personas, y 50 más continúan hospitalizadas en calidad de graves.

Los elementos castrenses se habían retirado del lugar al verse rebasados en número por la población que se volcó a llenar botes del hidrocarburo que se derramaba en borbotones, así como el tiempo en que se cortó el flujo del líquido flamable del ducto desde que se detectó la fuga.

La cruzada nacional para combatir el llamado huachicoleo por parte del gobierno morenista desde el mes de diciembre pasado continuará, a pesar de haber generado un desconcierto generalizado en la población que sufrió las consecuencias del desabasto en sus lugares de residencia.

López Obrador ha dicho que seguirá con el plan para doblarle el brazo a los ladrones de combustible que, asegura, operaban desde el seno de Pemex. En el contexto de sus alusiones a la estrategia del combate al robo de combustible, López Obrador lo asoció a la necesidad de combatir la corrupción.

Cabe destacar que el propio director de Pemex, Octavio Romero, anunció que el robo de combustibles creció de modo exponencial en el periodo en el cual Emilio Lozoya estaba al frente de la compañía. Aunque para el presidente de México el robo de hidrocarburos no resulta un asunto policiaco, en el caso de Tlahuelilpan, “nosotros no vamos a apagar el fuego con el fuego. No vamos a enfrentar la violencia con la violencia.

Esa no es una solución. Por eso la decisión que se ha tomado en este caso, y en todo lo que tiene que ver con la política de seguridad, es atender primero las causas que originan los hechos ilícitos. Este no es un asunto militar, ni policial”, afirmó el presidente.

“No resolver los problemas con el uso de la fuerza”, las palabras del presidente deben de ser consideradas dignas de un análisis en lo más profundo porque con este tipo de declaraciones abre la posibilidad a interpretaciones sobre la definición de cuándo y cómo debe ser utilizada la fuerza pública, atribución única del Estado mexicano.

¿PISO PAREJO?

La extracción ilegal de hidrocarburos se encuentra tipificado como un delito penal. A los ojos de todos, una población entera y cegada por las razones que sean se encontraba delinquiendo, si el mismo presidente Obrador no ocupa el mismo racero en el momento de fijar la ley y no se aplica la norma por tratarse de grupos “desprotegidos”, cuál sería, pues, la diferencia entre esta multitud y un solo individuo que cometiera este ilícito, lo que intenta el presidente y su narrativa contra el crimen es modificar el tipo penal a través de la valoración de la conducta del individuo como una conducta condicionada por las circunstancias sociales y no en el sentido irrestricto de la propia ley en la materia. La tipificación del delito sería entonces, con la interpretación presidencial, por la calidad de la persona, lo que resultaría también discriminatorio para todos los ciudadanos, hasta para el que comete el delito.

Por su parte, la justificación del secretario general de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, sobre el despliegue de sus elementos en la zona fue que “estas multitudes han llegado a golpear a nuestro personal en otros eventos y nuestros hombres han llegado a responder con disparos. Eso no queremos que suceda, una confrontación de esa naturaleza. Todo nuestro personal va armado. Para evitar ese tipo de situaciones, en las que pudiéramos dañar de una manera diferente, evitamos una confrontación”.

Irónicamente, según los propios dichos de las autoridades federales vistos en perspectiva, la culpa de la tragedia es de los propios individuos que corrieron a llenar sus botes para paliar la situación de vulnerabilidad que les aqueja, y no del Estado que tenía la obligación legal de evitar estos actos ilícitos tipificados como graves y sin derecho a fianza 36 horas antes por el Senado.

En esta batalla, se ha podido observar que a pesar de la persecución de las personas que arriesgan su integridad física, los huachicoleros continúan retando a la autoridad porque el negocio resulta muy lucrativo (más de 60 mil millones de dólares anuales); así, quienes perforan los poliductos y extraen ilegalmente el producto propiedad de Pemex, están dispuestos a continuar jugándosela con el halo de protección que les otorgan las comunidades donde se ha logrado enquistar este fenómeno criminal, quienes a poco más de un mes de la entrada del nuevo gobierno ya ven afectados sus intereses.

SIN QUITAR EL DEDO DEL RENGLÓN

En las reiteradas conferencias a medios sobre el tema de la explosión del ducto en Tlahuelilpan, López Obrador se mantiene firme y sostiene que su plan contra el robo de combustible continuará tal y como se planteó desde un inicio, lo que implicará la compra de por lo menos 500 pipas para nutrir la red de abastecimiento de Pemex, aplicar programas de apoyo social en las zonas de trayecto de los ductos, así como el combate a la impunidad en el robo a los hidrocarburos nacionales. El plan fue bautizado como Plan DN-III para el Abasto de Combustible. Aseguró que sí le alcanzarán seis años para “limpiar” el gobierno de corrupción, e indicó que hay una minoría de “alcahuetes de corruptos”, que se niegan a hacer los cambios.

HABLANDO DE SUELDOS

Sobre la adquisición de carros tanque para aumentar la capacidad de abastecimiento terrestre en pipas, López Obrador informó que ya se firmó un contrato para adquirir 571, con un costo de 85 millones 393 mil dólares, y que una vez que se tenga esa capacidad se podrán mover hasta 116 mil barriles adicionales a los que se distribuyen actualmente. Así, si se logran realizar dos viajes por pipa, se podría alcanzar la distribución de 200 mil litros de gasolina. Los nuevos choferes contratados recibirán una percepción de hasta 29 mil pesos mensuales, aunque han denunciado que desconocen cuáles serán las condiciones de trabajo.

Una vez más el gobierno federal impone su voluntad al implantar salarios fuera de lo que perciben en promedio operadores especializados del transporte, profesionistas, licenciados, etcétera.

Cómo incentivar, pues, que los jóvenes se formen en las aulas y no intenten ganarse la vida con sus propios medios. Si bien es plausible los altos salarios que pagarán a los operadores, resulta un incentivo perverso para la comunidad en general. Algún día terminará el plan emergente y los choferes regresarán a ganar el salario mínimo.

El plan del ejecutivo es que esas unidades estén a disposición para poder usarlas en días que haya sabotajes a los ductos. Por tal motivo, no ingresarán como bienes de Pemex, ante la desconfianza al sindicato de Romero Deschamps, sino que irían al Centro de Logística para la Distribución y Transporte de Petrolíferos, el organismo desconcentrado creado por decreto por el mismo López Obrador, quien también anunció un plan de desarrollo en 91 municipios de 9 entidades, por donde pasan ductos de Pemex para inhibir el robo de combustibles.

Mientras tanto, la CNDH inició una queja de oficio para investigar las posibles omisiones de las autoridades federales, locales y municipales para controlar la fuga de combustible en Tlahuelilpan, y que provocó la explosión y decenas de muertos y heridos.

Acerca de las casi cuatro horas en que siguió fluyendo el combustible en el ducto Tuxpan-Tula, el director de Pemex, Octavio Romero, indicó que no podría negar ni afirmar que algún funcionario incurrió en negligencia, y aseguró que se investigarán las conductas de todos los funcionarios involucrados.

Según el director de Pemex, del 1 al 20 de enero de 2019 se han descubierto 569 tomas clandestinas en todo el país, mientras que en Tlahuelilpan, Hidalgo, se presentaron tomas clandestinas en los últimos años: en 2016, seis; en 2017, 38; en 2018 23, y 2019, tres.

 ser un círculo totalmente pernicioso, el crimen se mezcla entre las comunidades, se arraiga y, en ocasiones, hasta compiten, todo bajo la premisa de la permisividad y colusión del Estado en las pasadas administraciones.

Esta situación genera un doble beneficio para los pobladores: el primero es la ganancia generada por la venta del combustible robado, y el segundo, la indemnización que otorga Pemex a los agricultores que pertenecen a la misma comunidad por derrames del hidrocarburo en sus parcelas.

Lo nuestro es la #política en la #CDMX; si en verdad te late la grilla chilanga en las redes, visita nuestra página: http://elinfluyente.mx

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