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La operación del gobierno

Reducir la nómina del gobierno es una promesa que puede resultar política y electoralmente muy rentable, pero operativamente para el gobierno puede ser de alto riesgo.

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Martín Takagui

Despedir a quienes, aparentemente, no tienen derechos laborales, es el camino fácil para adelgazar a la burocracia, para generar ahorros para financiar becas, sin embargo, el gobierno está tomando un riesgo mayor.

Los despidos masivos del ISSSTE, del SAT, de Bellas Artes o de la SEP; entre otras instituciones, suman miles, lo que puede reportar para el gobierno importantes ahorros, pero también se trata de una amenaza a la funcionalidad de la administración pública federal.

Desde hace varias administraciones, por lo menos desde el sexenio de Vicente Fox Quesada, los incrementos en la contratación de burócratas, por honorarios creció, y cada vez se fue engordando más el Capítulo 3000, que es la partida presupuestal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público desde donde se fondean los pagos a los llamados “prestadores de servicios” que no son otra cosa que quienes cobran por honorarios en el gobierno.

El presidente Andrés López Obrador dio a dio a conocer desde el inicio de su administración que ya no habría trabajadores por honorarios y así lo ha cumplido, como cumplió reducir los salarios a diversos niveles de empleados de gobierno.

Reducir la nómina del gobierno es una promesa que puede resultar política y electoralmente muy rentable, pero operativamente para el gobierno puede ser de alto riesgo.

Y es que, en el gobierno federal, la moda de contratar a los trabajadores por honorarios fue la alternativa para funcionar, pues el personal de base, el personal sindicalizado en muchos casos no cuenta con las habilidades de la distribución del trabajo, de la planeación, del diseño de estrategias locales, que los trabajadores de base deben operar.

La franja interior de los mandos medios, ha sido la más socorrida para la contratación de burócratas de honorarios, son jefes de departamento y subdirectores, como algunos analistas o investigadores, a los que se les da ese salario de entre 15 y 30 mil pesos mensuales.

Un ejemplo de ello son los administradores, de oficinas medianas, que deben ejercer presupuesto, como es el caso de museos, bibliotecas, teatros o auditorios, en donde se atiende de manera directa a la población abierta y, por lo tanto, deben estar en condiciones de operación permanente.

La estructura de las unidades administrativas, se encuentran organizadas más menos con un mismo esquema, en el que aparece un director, un subdirector, un jefe de departamento y los analistas, investigadores y el personal de base.

Cuando se han eliminado a los trabajadores de honorarios, el proceso productivo del gobierno se corta, se ve interrumpido, debido a que no existe la conexión entre quien define los grandes programas de gobierno o quien define la línea o el programa de trabajo, que es el director y el personal operativo.

Los jefes de departamento y subdirectores, son el engranaje que hace mover a la gran masa de la burocracia, son ellos, precisamente, quienes interpretan las políticas de gobierno y las hacen realidad, quienes generan las condiciones para que el personal operativo sume su fuerza de trabajo a los objetivos de gobierno.

La nueva administración ha definido estas acciones de austeridad y, lejos de pedir a los directivos de cada institución un plan de eficiencia administrativa y reducción de personal, los altos mandos de las dependencias de gobierno solamente recibieron indicaciones de evitar la contratación de trabajadores por honorarios.

Y es que se presume que son quienes no contarían con una liquidación, tampoco podrían exigir derechos laborales, como los que cuentan los trabajadores de base, como son los vales de despensa de fin de año o los días económicos.

Hay que recordar que existen demandas laborales de los trabajadores de honorarios que han logrado ganarle al gobierno, ya que en realidad sí existe una relación laboral, a pesar del contrato de honorarios, con lo que suman dos los riesgos.

El primero es que se desate una ola de demandas laborales contra el gobierno y la segunda es que la administración pública federal no funcione adecuadamente para atender las demandas de la sociedad y con ello, el gobierno de López Obrador será calificado como una administración ineficiente.

Lo nuestro es la #política en la #CDMX; si en verdad te late la grilla chilanga en las redes, visita nuestra página: https://elinfluyente.mx

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