Eduardo León
Durante más de una década, el Estado México ha construido un sistema de atención a la primera infancia a través de una red de más de 9 mil 300 establecimientos que cada mañana reciben a los niños que son dejados por sus padres para que estos vayan a ganarse la vida.
La mayoría de estos centros operan bajo la figura de subrogadas, lo que representó su crecimiento bajo el amparo político de los gobernantes en turno, principalmente en la administración de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, ya que en muchas ocasiones familiares y amigos de altos funcionarios de estas administraciones consiguieron los permisos para operar dichos espacios de cuidado infantil, pero que a la larga resultó inoperante e inservible por los altos costos que representa al erario el subsidio a particulares que engañan al estado con listas de alumnos inexistentes y un sinfín de anomalías.
Lo verdaderamente grave es que estos espacios no aseguraron el adecuado desarrollo e instrucción a los niños de maternal hasta los cinco años de edad que reciben este servicio mientras sus padres realizan otras labores, ya que se aplicó un método simplemente mercantilista de la necesidad de cuidar a la infancia de México en su primera etapa de vida sin que el Estado mismo, y menos los particulares asumieran la responsabilidad de garantizar una real educación a los menores.
SE PERDIÓ SU ESENCIA
Las guarderías o estancias infantiles privadas surgieron como una opción.
Se trata de establecimientos principalmente con fines de lucro que no siguen el esquema de una institución o dependencia del Estado. En este tipo de guardería es necesario realizar el pago de una inscripción con pagos semanales o mensuales.
Cuidar no es formar. Se desentendió el estado y han resultados diversas consecuencias, la más grave de todas es el caso de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora.
Donde salieron a relucir apellidos de funcionarios de primer nivel de la política mexicana. Dentro del paquete de cambios de la llamada Reforma Educativa se contempla la modificación a los diversos artículos constitucionales y a la Ley General de Educación, ahí se ubica la oportunidad para que los legisladores procuren el bienestar no solamente del cuidado de los infantes e incluir a toda esta red que generó empleo para educadoras y cuidadoras, sino incluir en la Carta Magna la obligación del Estado de garantizar una educación inicial con programas pedagógicos reales, que contengan un proyecto sobre el desarrollo cognitivo, del lenguaje y motricidad en áreas científicas y artísticas, es decir, que generen un andamiaje integral para la formación del individuo desde los primeros años.
HACEN FALTA REFORMAS
Impartir educación inicial también es responsabilidad del Estado, ahí es donde no debería de “quedar ni un punto y coma” de la Reforma Educativa, como lo señaló en su momento el líder de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, para que las cosas no sigan como hasta ahora.
Hoy, 300 mil niños se encuentran inscritos en estancias infantiles, el goEstancias infantiles, Estado omiso y cómplice • Por años se incentivó el lucro del cuidado de la primera infancia en México ante la omisión y ausencia de las autoridades bierno federal encontró informes “inflados” en las asistencias de los menores, junto con otras irregularidades, como inmuebles sin pólizas de seguros o sin protocolos de protección civil.
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que, debido a estas anomalías, el apoyo económico que las estancias recibirán de mil 600 pesos bimestrales por niño ahora serán entregados directamente a los padres de los que acuden a estas guarderías. No importa que una misma familia tenga dos o más niños, el apoyo es por infante.
La decisión de qué hacer con ese dinero ahora será de los padres. Si paga una estancia o los deja con familiares, como abuelos o tíos de los menores. Así lo informó el primer mandatario durante su conferencia de prensa el pasado 7 de febrero. La responsabilidad es compartida, uno apoya y el otro decide.
La fórmula a simple vista es sencilla, pero resulta más complicada cuando el Estado deja de proveer infraestructura para atender a su población que demanda este tipo de servicios y únicamente se limita a dar dádivas y no genera las condiciones para que constitucionalmente se obligue a todos los gobiernos de todos los niveles a otorgar este satisfactor a la sociedad.
El cambio de modelo de asignación de recursos a estancias infantiles anunciado por el presidente pretende eliminar la entrega de dinero a intermediarios o gestores, para así propiciar que se eliminen los tradicionales “moches” corruptos a cargo de organizaciones y liderazgos políticos y sociales sin contemplar los casos específicos que sí hicieron funcionar este esquema de guarderías en micro regiones del país.
