Patricia Sotelo
El ex presidente de Perú, Alan García, se dio un tiro en la cabeza. Prefirió la muerte antes que enfrentar la justicia. La policía iba por él. Lo acusaron de corrupción en el caso Odebrecht.
Su trágica muerte nos recordó que en México hay un gran pendiente por resolver.
¿Qué ha pasado con la investigación en contra de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos, a quien se le acusa de haber recibido sobornos por 10 millones de dólares para favorecer a la constructora brasileña Odebrecht con contratos en México y de financiar ilegalmente la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012?
Mientras en otros países las autoridades han estado dispuestas a llegar al fondo y encarcelar a ex presidentes y políticos de alto nivel vinculados a la gran trama de corrupción de Odebrecht, en nuestro país existe la sensación de que reina la impunidad.
Hasta ahora, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, no ha informado sobre los avances –si es que los hay- del caso Lozoya-Odebrecht.
La investigación ha estado empantanada porque antes de que terminara el gobierno del presidente Peña Nieto, Lozoya buscó bloquear el caso al lograr un amparo que impedía elaborar las versiones públicas de las averiguaciones previas iniciadas por la entonces Procuraduría General de la República a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), desde agosto de 2017.
Pero hace unos días esta situación sufrió un revés, ya que un Tribunal Federal ordenó hacer público el expediente al considerar que el caso Odebrecht es “un asunto de corrupción a gran escala”.
Y sí. La empresa del empresario Marcelo Odebrecht fue una gran corruptora a nivel internacional. Tejió una red de corrupción en varios países. Tan solo en América Latina diez naciones están involucradas: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Panamá, Perú, República Dominicana, Venezuela y México. Se estima que el monto de sus sobornos asciende a cerca de 800 millones de dólares.
Contrario a lo que sucede en México, las fiscalías de otros países se han tomado en serio las investigaciones sobre el caso, y han llevado a la cárcel a ex presidentes y funcionarios allegados a ellos. Como en Brasil, donde fue encarcelado Inácio Lula da Silva, y están siendo investigados los también ex gobernantes Dilma Rousseff y Michel Tamer. En Colombia las investigaciones han golpeado al mandatario Juan Manuel Santos, y en Perú han sido acusados cuatro ex presidentes, entre ellos el ahora fallecido Alan García.
Al conocerse el suicidio del ex mandatario peruano, López Obrador escribió en un tuit: “Lamento el suicidio del ex presidente de Perú, Alan García y todo alrededor del caso Odebrecht. La corrupción es la nueva peste del mundo. El neoliberalismo unió los negocios privados a los públicos. Urge separar el poder económico del político; que el gobierno represente a todos”.
Pero no ha hablado del caso Lozoya Austin.
Quizá uno de los funcionarios más interesados en que avancen las investigaciones es Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y quien en la gestión de Peña Nieto fue removido de la Fepade tras denunciar presiones de Lozoya para declararlo inocente. Él conoce el expediente y tiene información de primera mano. Incluso, hace unos días aseguró que Lozoya cobraba desde 50 mil hasta un millón de pesos por entrevistarse con empresarios o políticos que querían hacer negocios con Pemex.
No obstante, es la fiscalía de Gertz Manero la que debe resolver el caso.
Ante lo que ocurre en otros países, México no puede quedarse atrás. Y más cuando la bandera de López Obrador es el combate a la corrupción. No puede dar la imagen de que habrá impunidad.
Tiene razón AMLO en que se debe acabar con la “nueva peste del mundo”, que es la corrupción, pero también se debe castigar a quienes se beneficiaron de ella.
