Adrián Rueda
El contrato por diez millones de pesos que el Metro otorgó a la empresa Social Media DS, SC, para que maneje sus redes sociales durante nueve meses, abrió la caja de Pandora de la opacidad en el gobierno capitalino.
Y es que no solamente este contrato permanece oculto al escrutinio público, sino casi todos los de la actual administración, cuyas páginas de transparencia permanecen vacías en cuanto al rubro de contratación y servicios.
La Ley de Adquisiciones obliga a los entes públicos a presentar información cada tres meses, cosa que en la actual administración no ha ocurrido y más de uno quisiera saber por qué.
Si se ha gastado, es derecho ciudadano saber cuánto y en qué, nomás para estar seguros de hacia dónde se van los impuestos.
El 6 de marzo pasado, Florencia Serranía decidió otorgar un contrato para pagar un millón 100 mil pesos mensuales a una empresa privada por el manejo de sus redes sociales hasta diciembre próximo.
Allá ella si el poco dinero del Metro se lo quiere gastar en eso, pero al menos hubiera disfrazado de concurso esa adjudicación directa, nomás para taparle el ojo al macho, pues no cumple con nada de lo que marca la Ley de Adquisiciones.
Las faltas a la citada legislación podrían derivar incluso en la destitución de la funcionaria, sin contar las acciones legales que tendría que reservarse el gobierno hasta el término de las investigaciones.
Pero como Florencia tiene la vara alta en la Jefatura de Gobierno, nadie duda que será protegida desde allá y que no pasará a más, pues entre los integrantes de la 4T no tienen por qué meterse el pie.
De cualquier forma, el hecho de que, accidentalmente, se haya encontrado un contrato “oculto” de 10 millones de pesos hace dudar si no habrá más de estos papelitos que comprometan recursos públicos en estas mismas condiciones.
Es decir, que se hayan otorgado arbitrariamente contratos de todo tipo no sólo en el Metro, sino en todo el gobierno, sin que la ciudadanía pueda acceder a esa información, por la sencilla razón de que no es pública.
Seguramente las peticiones ciudadanas a través de Transparencia aumentarán para exigir al gobierno que informe cómo y en qué se están gastando los impuestos, y si cumplió con la ley para asignar contratos o se los está dando a los cuates.
Dicen que en el gobierno central ya se están poniendo las pilas para poner todo en orden, lo difícil será hacer que cuadren las fechas de las firmas de los contratos, con el inicio de las obras y los servicios, no sea que apenas se pongan a redactar los papeles.
CENTAVITOS
Un punto muy delicado tocó el diputado perredista Víctor Hugo Lobo, al señalar que, tras la cancelación de las estancias infantiles por parte del gobierno, han aumentado las agresiones sexuales contra infantes. Dice que eso indican las cifras oficiales, y es que en la mayoría de los casos los agresores son gente del entorno familiar. Un tema delicado que habrá que analizar bien.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/sale-a-la-luz-opacidad-del-gobierno/1310188
