Alejandro Zúñiga
El primer caso político – judicial del sexenio, destapado la semana pasada en medio de la crisis del sector salud, revivió la esperanza de que, con la 4T, pueda empezar a triunfar la justicia sobre la impunidad en México.
La cosa pintaba bien. Primero se dio la estratégica detención en España -vía emisión de ficha roja a Interpol- del empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), antes de que consolidara la huida que ya había emprendido vía EU.
Al mismo tiempo, se giró orden de aprehensión contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, insigne representante de la corrupción del régimen anterior y del más rancio priismo, sobre quien pesa la acusación de recibir sobornos de la empresa Odebrecht por, al menos, 5 mdd.
En medio de todo esto, cuando menos se esperaba, se concedió una suspensión provisional a la orden de aprehensión contra el exdirector de Pemex, para no ser detenido.
La concedió Luz María Ortega Tlapa, titular del juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal, quien con esa protección sembró la primera duda en la viabilidad del caso Lozoya y Ancira.
No obstante, aun cuando obtuvo la protección de la justicia -se dijo, sin aclarar- que Lozoya puede ser detenido porque uno de los delitos que enfrenta está tipificado como grave.
La Fiscalía General de la República (FGR) imputa a Lozoya los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y defraudación fiscal, en los que habría incurrido en 2014.
Después de un sexenio marcado por la corrupción e impunidad del poder político, casi siempre coludido con el sector privado, el 98% de los políticos señalados e involucrados resultaron exonerados y, en ocasiones, hasta fortalecidos.
Las denuncias de la FGR no contradicen el borrón y cuenta nueva ni el cero desgaste en persecuciones, planteado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque el mandatario también advirtió que las investigaciones abiertas el sexenio pasado seguirían su curso.
Lo cierto es que mientras no se vean avances sustanciales en las investigaciones, genera suspicacia el contexto en que se dieron a conocer las acusaciones contra Lozoya y Ancira, sobre todo, porque apuntan en la misma dirección del discurso presidencial de cero corrupción e impunidad.
Pero las acusaciones salieron a la luz pública justo en medio de uno de los momentos más álgidos de la 4T, por lo que hayan sido ex proseo o no, desviaron la atención de la crisis que vive el sector salud, recién destapada por la renuncia-denuncia del ex director del IMSS, Germán Martínez.
En este contexto, el fiscal de la república, Alejandro Gertz Manero, aseguró que la investigación está perfectamente sustentada y aseguró que no habrá errores ni violaciones al debido proceso.
Ese es el gran reto del hoy abogado de la nación: armar y presentar un expediente impecable.
Esto significa: desvinculado de lo político, suficientemente sólido, perfectamente sustentado y con pruebas irrefutables que conduzcan a castigar a los responsables de los delitos al erario.
Hemos visto tantos intentos fallidos al aplicar la justicia que, hasta no conocer la condena irrefutable, no ver en las cárceles mexicanas a los culpables y confirmar que no van a salir con una negociación política, vamos a creer que empieza a funcionar la justicia en México, al margen de la política.
Pero si este primer caso se desvanece por falta de pruebas, violaciones al debido proceso o resulta un fiasco por inconsistencias, la justicia mexicana seguirá en picada y, con ella, la 4T se convertirá en una tomada de pelo más, de las muchas que hemos padecido.
