Alejandro Zúñiga
Cuando Andrés Manuel López Obrador prometió, desde la campaña presidencial, establecer su llamada austeridad republicana, la mayoría de los mexicanos esperamos un gasto programado, racional, equitativo y eficiente del erario.
Después de vivir despilfarro, corrupción y manejo discrecional del dinero público de los gobiernos neoliberales, soñábamos con un ejercicio del gasto óptimo, transparente y soportado en una planeación estratégica inobjetable.
Sin embargo, casi siete meses después, la aplicación de la austeridad muestra graves incongruencias y contradicciones con visos de riesgos económicos, sociales y políticos.
Hay retención, retraso e ineficiencia en el ejercicio de los recursos para los servicios de salud.
Esa incapacidad ha puesto en estado de indefensión a cientos de miles de derecho habientes, cuya salud se deteriora por la ineptitud en la compra, distribución y entrega de medicamentos, recursos, material y equipo a las instituciones de salud.
También se recortó a miles de burócratas, no solo mandos superiores como se había anunciado, lo que puso en crisis servicios como el combate a incendios forestales.
Se redujo el gasto en investigación, innovación, becas, ciencia, tecnología, promoción del deporte, fomento a la cultura, estancias infantiles y refugios para mujeres violentadas.
Una política de austeridad gubernamental planificada y razonable puede aportar múltiples beneficios económicos y ahorros para enfrentar las contingencias de un gobierno.
Pero dictar medidas restrictivas desde la comodidad de una oficina, sin conocer ni profundizar en las responsabilidades y servicios permanentes que prestan las dependencias del sector público, resulta de alto riesgo para los mexicanos.
En aras del combate a la corrupción se están aplicando medidas de austeridad mal entendidas y que terminan por ser contraproducente para el país.
Por ejemplo, que los gobiernos destinen al menos el 1% de su PIB al rubro de ciencia y tecnología, es uno de los objetivos más buscados en los últimos tiempos, pero cada día está más lejano en la 4T.
Así lo demuestra la crisis de austeridad, reportada hace unos días en un diario de circulación nacional, que viven los Centros Públicos de Investigación (CPI) del Conacyt y otros institutos dedicados a la innovación tecnológica y al desarrollo de la ciencia.
La nota documenta que la austeridad, dictada desde el escritorio, cancela recursos para servicios elementales como agua, luz y gasolina para realizar investigaciones de campo.
Sorprende también la austeridad en el terreno cultural. Del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, solo se destinó para la Secretaría de Cultura federal el .21% del gasto total.
El escritor Juan Villoro, en entrevista, consideró que retirar las becas del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), es ir contra el talento y la creatividad de los artistas mexicanos.
El colmo de la austeridad republicana sería, como ya lo está planteando Morena -brazo político de la 4T en el Congreso federal- que los 30 años de avances en la democracia electoral mexicana se tiren por la borda, si se materializa su propuesta de desaparecer el comité general y los organismos locales del Instituto Nacional Electoral.
La austeridad republicana termina por desvirtuarse cuando anuncia que si hay recursos para inundar los restos de lo que iba a ser el Nuevo Aeropuerto de Texcoco, para edificar una nueva refinería, en vez de invertir en nuevas tecnologías limpias, o para regalar 20 millones de dólares a El Salvador, sin pedirle opinión a nadie.
Una oficina no puede ser experta en compras y adquisiciones de todo tipo. Y ninguna austeridad centralizada garantiza acabar con la corrupción.
Al contrario, fomenta burocratismo, caos, incongruencias, compras irracionales y exceso de adjudicaciones directas.
