El Economista
A dos años de su fuga de las autoridades, el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, ya no podrá apegarse a la figura del amparo para evitar su detención, la cual podrá ocurrir una vez que autoridades ubiquen su paradero.
El juez Octavo de Distrito con sede en Morelos determinó que Duarte Jáquez ya no podrá acogerse a la figura del amparo para evadir la acción penal, tanto de la Fiscalía General de la República (FGR) como de las autoridades judiciales de Chihuahua.
El juzgador dio vista a la Fiscalía de Chihuahua; la Comisión Estatal de Seguridad; la Policía de Investigación; la Dirección General de Procedimientos Internacionales de la FGR; la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol, así como a la Fiscalía del Estado de México, para proceder a la captura del exgobernador del PRI.
César Duarte es prófugo de la justicia desde marzo del 2017, y sobre él pesan 21 órdenes de aprehensión por delitos electorales y de peculado.
El gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral, valúa que la fortuna de Duarte asciende a 1,000 millones de pesos, y lo acusa de desviar recursos públicos por 1,230 millones de pesos durante su gestión. La Fiscalía General de Chihuahua le ha decomisado 37 propiedades.
Posterior a su fuga, autoridades del anterior gobierno federal ubicaban a Duarte Jáquez en Houston, Texas.
La última vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a este tema fue en octubre del 2018, cuando —aun siendo presidente electo— se comprometió a instruir desde diciembre a la Secretaría de Relaciones Exteriores agilizar los procedimientos de extradición.
El 29 de mayo pasado, el gobernador Corral informó que había sostenido una reunión con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quienes le expresaron su colaboración para lograr la detención de Duarte Jáquez.
Apenas el 12 de junio, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó la sentencia de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la que determinó la expulsión de César Duarte Jáquez.
