Adrián Rueda
Luego de que el Congreso del Tabasco, de amplia mayoría pejista, aprobó reformas al Código Penal local para imponer hasta 20 años de prisión a quienes bloqueen la ejecución de obras públicas y privadas en la entidad, Morena está en un problema.
Porque si bien es cierto que eso fue en Tabasco, en la capital de la República sería miel para los oídos de los capitalinos que se aplicara la llamada Ley Garrote a todo aquel que paralice vialidades y afecte actividades cotidianas de la ciudadanía y las empresas.
Originalmente, el dictamen pedía castigo para quien bloquee o proteste contra todo tipo de obras; se trató de matizar un poco al imponer castigo sólo a quien impida total o parcialmente le libre tránsito para la ejecución de esas obras.
O sea, es nada más para garantizar que no haya sobresaltos en la construcción de la refinería de Dos Bocas y de la parte del Tren Maya que corresponde a esta entidad; las demás cosas que afecten a la ciudadanía no importan.
Pues en la Ciudad de México una de las banderas de los gobiernos de la izquierda ha sido garantizar la libertad absoluta de manifestación, sin importar que unos cuantos afecten a millones de ciudadanos.
Si el partido de la 4T fuera coherente, tendría que impulsar en los congresos una medida similar, a fin de garantizar el libre tránsito de las personas, que, por cierto, es un derecho plasmado en la Constitución general.
Mal se ven los integrantes de la 4T al ponerse de tapetes para garantizar los proyectos de YSQ, sin importar que en sus tiempos de activista el hoy Presidente se valió, precisamente, de marchas, bloqueos y plantones para protestar contra lo que no estaba de acuerdo.
Y, a pesar de sus protestas, incluso contra empresas del Estado, como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), nadie lo metió a la cárcel ni cuando cerró Reforma durante tres meses. Ahora, los diputados tabasqueños aprueban 13 años para quien se oponga a las obras federales.
La pena se incrementará por la mitad —o sea, hasta 20 años— cuando los paristas se hagan acompañar por menores de edad o empleen la violencia.
Si esta ley la hubieran aprobado en las épocas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), seguramente YSQ no hubiera sido jefe de Gobierno y menos Presidente, pues habría tenido que compurgar en la cárcel los paros violentos que encabezó.
Habrá que estar pendiente a ver qué dice a esto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos —cosa que, por cierto, nada importa en Palacio Nacional— y si en Morelos no replican el numerito ante la oposición a la construcción de una termoeléctrica.
Éste será un buen tema para la Comisión Permanente de mañana en Donceles… a menos que no se animen a tocarlo.
CENTAVITOS
La diputada petista Circe Camacho anda por Caracas exaltando la obra de Chávez y de Maduro, a quienes puso como ejemplo de lo que debería ocurrir en todos los pueblos de América. El partido de Circe comulga con este tipo de dictaduras, por lo que no sorprenden sus declaraciones, la cosa es que el PT integra la 4T, cuyos líderes juran y perjuran que no habrá ni dictadura ni reelección.
