Jorge Alberto Lara
Cuando se inició el proceso de extradición de Joaquín Guzmán Loera en 2016, se habló de establecer como un elemento en la discusión entre los gobiernos de México y Estados Unidos, la compartición de los activos generados por las actividades ilícitas de aquél entre los dos países, en la eventualidad de que se decomisaran recursos en el juicio del narcotraficante mexicano,.
En ese momento recordamos que México y Estados Unidos habían suscrito en 2001 un acuerdo de distribución de acervos (sharing agreement), para que ambos países pudieran favorecerse de los recursos finalmente incautados. Dicho convenio parte de la premisa de que en el combate al crimen organizado trasnacional es importante privilegiar la asistencia y la cooperación entre países ya que el mal que se enfrenta rebasa las fronteras y capacidades de una sola jurisdicción. En el caso particular, el éxito en el juicio para la fiscalía norteamericana derivó de una investigación de más de veinticinco años. En esa pesquisa resultó relevante la información proveída por la México a lo largo de ese tiempo. El elemento central en el juicio en Brooklyn fue precisamente la posibilidad de someter a proceso al personaje en cuestión como resultado de la decisión soberana de entregarlo físicamente, en extradición.
Sin embargo, el argumento más fuerte para que nuestro país acceda a esos recursos tiene que ver con una mínima compensación del sufrimiento que se ha padecido de este lado de la frontera, la pérdida de miles de vidas, y las multimillonarias erogaciones en nuestras instituciones de seguridad y justicia, que no son otra cosa que la externalización del costo del fenómeno masivo de las adicciones en los Estados Unidos.
Algunos escépticos señalan, con razón, que llega a ser iluso el pensar que el Chapo tenga una fortuna de casi 13 mil millones de dólares. Sin embargo, lo anterior no releva a las autoridades de realizar indagatorias eficaces para identificar los flujos financieros de su organización criminal y desde luego de otras. Para nuestro país, lo anterior significará remontar años de ineficacia en el tema. Vale recordar que la PGR señaló en el año 2016 que solo tenía identificada un insignificante monto cercano a los cinco millones de pesos relacionados a JGL.
Sería iluso suponer que existan bienes inmuebles, vehículos o cuentas bancarias a nombre concreto de “Joaquín Guzmán Loera”. Las cantidades generadas por años de trasiego de estupefacientes están bajo el nombre de testaferros y cientos o acaso miles de empresas fantasma, tanto en México como en otros países. Miles de millones de dólares han sido sometidos a diversas metodologías de blanqueo de activos: pitufeo, compra-venta de inmuebles, vehículos, aplicación en inversiones financieras y bursátiles, creación de empresas fachada, operaciones en divisas, depósitos en cuentas off shore, pagos de servidores públicos corruptos y un largo etcétera. Técnicamente Guzmán Loera es el Beneficiario Final, el Dueño Real.
Por tal razón, la resolución del juez Brian Cogan de conceder el decomiso de recursos del líder del Cártel de Sinaloa por una cantidad de 12 mil 600 millones de dólares debe ser ocasión para que los gobiernos de ambos países desarrollen los trabajos necesarios para identificar y proceder con las acciones legales para la recuperación de dichos activos.
En México estamos a punto de contar con una nueva legislación nacional en materia de extinción de dominio, que es una de las herramientas que ha demostrado en diversos países ser eficaz en el combate al crimen organizado. Esta deberá ser correctamente aplicada tanto por la fiscalía federal como por las fiscalías estatales, a efecto de revertir la impunidad y consolidar el estado de derecho. Dado sus alcances, es factible que la reforma pueda ser aplicada a los acervos del crimen organizado que ha afectado a nuestro país desde hace décadas, como el caso que nos ocupa.
