Diana Sánchez Barrios
Las deudas históricas del gobierno de nuestra capital mexicana son muchas, pero una en la que he enfocado mis esfuerzos durante toda mi vida para que los sectores más vulnerables de la Ciudad de México alcancemos una forma de subsistencia más digna, es el comercio popular en el espacio público.
La criminalización a las personas que ejercen este oficio en toda la capital -que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en la CDMX representan una tasa del 33.5 por ciento en la informalidad laboral- es una humillante práctica que no solo afecta el trabajo de quienes hacen su mejor esfuerzo para sacar adelante a su familia, sino que nos mantiene en la inercia de una sociedad a la que le urge trascender con políticas progresistas y enfocadas al desarrollo de los que menos tienen.
Se requiere de una ley que reconozca a los comerciantes populares, así como sus derechos sociales a la salud, pensión y vivienda que, actualmente no poseen. Son necesidades que no son nuevas, ni saltan de la nada. Incluso, han sido rechazados con anterioridad. Datan de décadas atrás y bastaría con pasar por café, por un sándwich, por una libreta o por una artesanía al puesto de alguna de estas personas, para conocer su realidad y darse cuenta que lo único que quieren es trabajar en condiciones dignas.
La Cámara de Diputados local, debe trabajar en ello, en generar esquemas laborales basados en normas y regulaciones que no le den la espalda a los hechos sociales que nacen de una necesidad, y que por esta razón difícilmente dejarán de existir, como lo es el comercio popular.
La naturaleza de esta iniciativa no es el debate de si debe o no permitir el comercio popular, sino más bien encontrar la mejor forma de que se ejerza mediante una regulación del sector, pues en los hechos ahí están, y los documentan las estadísticas y las voces de miles de personas dedicadas honradamente a esta actividad, y que no descansan un solo día de la semana. Que trabajan de sol a sol sin un día de descanso para llevar el pan a su casa.
Se debe dar prioridad a las personas y grupos más vulnerables de la ciudad, personas pertenecientes a los grupos prioritarios: madres solteras, personas de la tercera edad, personas miembros de pueblos o barrios originarios, personas miembros de una comunidad indígena o jóvenes en situación de calle.
Ellos son el rostro de la realidad que hay que enfrentar desde el Congreso local, de donde surgió la actual Carta Magna de la Ciudad de México.
A pesar de que la normativa internacional y nacional defiende a los comerciantes populares, y la Constitución de la Ciudad de México estipula en su artículo décimo, en el apartado B, que “Las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de servicios por cuenta propia, que producen bienes y artesanías y comerciantes, tienen derecho a realizar un trabajo digno y a poseer una identidad formal en la Ciudad de México, a asociarse para defender sus intereses, recibir capacitación, y las demás que establezca la legislación en la materia.”, si bien la normativa es clara miles de personas trabajadoras no pueden ejercer en condiciones dignas sus derechos laborales, por que las autoridades prefieren una ausencia de norma que les permita actuar con mayor discreción y sin ningún tipo de control. Esto remarca la necesidad de una normativa que obligue a las autoridades a ajustar sus decisiones a derecho y de esta manera transparentar el proceso de otorgamiento de licencias.
Con una ley de reordenamiento eficaz, se dotará de obligaciones y responsabilidades a las personas que ejercen este oficio milenario en el espacio público, como una muestra de la plena conciencia que se tiene sobre que un derecho conlleva responsabilidades. Entre las obligaciones más importante se encontrará el pago de contribuciones por el uso del espacio público y unos estándares muy estrictos para un correcto ejercicio de la actividad.
Existen casos de éxito a nivel internacional que nos dan una muestra de que se puede alcanzar una ley eficiente. Por ejemplo, la reubicación de comerciantes populares en Lima, Perú, a fines de la década de los 90, cuando se aplicó una política para recuperar su Centro Histórico, a través de la sensibilización ciudadana; de tender lazos de proximidad con entre autoridades y trabajadores, para debatir sobre las condiciones de relocalización; e iniciando tareas de revitalización de los espacios recuperados.
En Singapur, a través de su Programa de Mejoramiento de los Centros, se colocaron techados, cableado, tuberías, sanitarios, ventilación, y reparación de baños. O en Bogotá, donde la política sobre el comercio popular busca ir incorporando a los vendedores a la economía formal.
En meses anteriores, desde Prodiana AC, impulsé la campaña “Chambeando Ando”, que sensibilizó a miles de personas con los testimonios del esfuerzo y los retos de los comerciantes populares en el espacio público: mujeres y hombres que dedican su vida a vender comida o artesanías para garantizar alimentos, ropa, calzado y estudios a su familia.
El comercio popular es una tradición de siglos de arraigo en nuestro país, cuyo origen se remonta al trueque y actualmente es una forma de vida que conlleva estigmas, señalamientos y también, es un tema que ha sido invisibilizado por las autoridades por años. Es momento de detener esto, y realizar de forma conjunta un marco regulatorio que permita establecer normas claras por el bien de todas y todos los habitantes de nuestra ciudad.
