Ernesto Osorio
La burocracia de la capital se ha quedado acéfala y en los próximos días, según sabemos, la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum palomeará al nuevo dirigente de los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México, pero antes, deberá hacer una purga general al interior del SUTGDF que le permita mantener el apoyo de poco más de 185 mil trabajadores.
Como sabemos, el ex dirigente Juan Ayala había constituido una cofradía de 23 dirigentes seccionales con los cuales buscaba reelegirse para un nuevo periodo de cuatro años, pero las advertencias que le llegaron desde el antiguo Palacio del Ayuntamiento de darle curso a las carpetas de investigación iniciadas en la procuraduría capitalina en su contra y contra su grupo, hicieron que el ex dirigente sindical fuera ampliamente rechazado por la base trabajadora como su líder.
Algo similar sucedió con otro líder sindical que comenzaba a ser incómodo para la doctora Sheinbaum y el mismo día que se resolvió remover a Ayala Rivero al frente del SUTGDF se desconoció a Ismael Figueroa como el dirigente de los bomberos capitalinos.
Ambos, Ayala y Figueroa perdieron como candidatos a diputados locales por parte de la coalición Por la Ciudad de México al Frente, postulados por el PRD en las elecciones en 2018 y era obvio que su cacicazgo sindical se acabaría a la llegada de la Jefa de Gobierno, pero esto no debe quedar aquí si la actual administración pretende contar con la lealtad y respaldo de sus trabajadores.
Venta de plazas, desvío de recursos públicos, extorsión y acoso, son algunas de las acusaciones que pesan sobre Ayala y Figueroa, delitos para los que no alcanzarían fianza e irremediablemente terminarán en la cárcel.
Sin embargo para lograr la democratización del gremio, se necesita arrancar de raíz los privilegios que alcanzaron estos dos dirigentes. Existen al menos 23 dirigentes seccionales a los que Ayala les solapaba y respaldaba sus corruptelas al interior del SUTGDF, según se desprende de la investigación que realiza la Procuraduría Federal del Trabajo a partir de las denuncias presentadas por el Frente Democrático de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México y Alcaldías.
Uno de estos dirigentes es el Secretario General de la poderosa Sección Uno, correspondiente a los trabajadores de limpia Hugo Alonso Ortiz, quien en un principio se mostró leal a Juan Ayala pero a últimas fechas le había retirado su apoyo para intentar relevarlo.
Y aunque ha levantado la mano para hacerlo ante la Secretaria de Gobierno Rosa Icela Rodríguez, lo cierto es que además de las averiguaciones previas que tiene en su contra, Alonso Ortíz fue uno de los beneficiados por el que fuera director de Capital Humano Miguel Angel Vázquez a quien la doctora Sheinbaum ya tiene en la mira para también llevarlo a la cárcel.
Además, como dirigente de los trabajadores de limpia, Hugo Alonso ha sido acusado de vender plazas y utilizar los recursos de las cuotas sindicales para su beneficio personal y la investigación sigue abierta, por lo que está impedido para poder competir para llevar la dirigencia.
Por ello ha impulsado a Héctor Castelán como nuevo dirigente para que suceda a Juan Ayala, un trabajador que es bien visto por la administración de Morena, pero que no está libre de señalamientos de corrupción por parte de sus agremiados en la sección nueve.
Castelán ha recibido de Hugo Alonso los recursos suficientes para respaldar su dirigencia, algo que los mismos trabajadores de Obras han visto con malos ojos pues el dirigente en funciones sería en realidad Hugo Alonso Ortiz.
Sería bueno recordarle a la Jefa de Gobierno que al igual que Ayala y Figueroa, Héctor Castelán y Hugo Alonso mostraron abiertamente su respaldo a Alejandra Barrales en el pasado proceso electoral.
En enero de 2018, los trabajadores de limpia denunciaron que fueron obligados a conseguir cada uno de los 70 mil agremiados, diez copias de credenciales de elector para inducir el respaldo a la entonces candidata del Frente, so pena de perder su trabajo.
Otras de las investigaciones que tiene en su contra el dirigente de la sección Uno, está relacionada con el manejo discrecional que hizo de las poco más de 9 mil plazas que le ofreció el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Según sabemos, Hugo Alonso vendió estas plazas que en principio había concedido el gobierno capitalino para los poco más de 60 mil voluntarios de limpia. Estos, ya antes habían denunciado amenazas y extorsiones.
Sería muy bueno que la Procuraduría Federal del Trabajo apresure la conclusión de estas investigaciones, antes de que se concrete la imposición de un nuevo dirigente manchado por la corrupción y la violación a los derechos de los trabajadores.
Foto: El Big Data
