Jorge Alberto Lara
El lunes 15 de julio fue dada a conocer una grabación de video en el noticiero de Ciro Gómez Leyva en el que aparece el exgobernador de Veracruz Javier Duarte, en la víspera de su detención en un balneario en Guatemala. La mencionada grabación constituye una revelación sobre la forma en que Duarte fue capturado, ya que se hacen evidentes contradicciones entre lo expresado de manera oficial por las autoridades de la PGR en su momento y lo que Duarte dice en ese momento.
En el mensaje que grabó el prófugo asevera que su entrega a las autoridades había sido negociada previamente, sin aportar datos o documentos que acrediten la interlocución con la contraparte y el mencionado acuerdo. Según la cronología de hechos, minutos después de la grabación, en la que Duarte manifiesta estar en “libertad”, las autoridades encargadas de su búsqueda lo retienen, le colocan esposas y lo conducen a prisión.
Cuando en México se dio a conocer la noticia de la detención, las autoridades se atribuyeron el crédito aduciendo arduas pesquisas y gestiones con las autoridades guatemaltecas. Nunca se expresó públicamente que hubiese existido algún tipo de acuerdo o mediación con el gobernador prófugo.
Después de la detención se dio el proceso de la extradición, en virtud del cual las autoridades mexicanas “solicitaron” a las del país centroamericano la entrega de Duarte, no obstante que aquel se encontraba en Guatemala con documentos de viaje falsos y que por esa razón lo que jurídica y estratégicamente procedía era la deportación lisa y llana.
Mientras pasa el tiempo y se da a conocer más información, el proceso de extradición se vuelve más sospechoso, puesto que con ese trámite sucedieron dos cosas muy importantes para el caso. En primer lugar, las autoridades mexicanas compraron tiempo para preparar el proceso, ya que transcurrieron tres meses entre la “captura” en Panajachel el 15 de abril de 2017 y su entrega a la PGR el 17 de julio de 2017. Esos tres meses fueron muy útiles para que cada una de las partes pudiese preparar su argumentación, sin excluir la posibilidad de que desde entonces se abriera un canal de negociación entre la defensa y las autoridades.
La otra razón por la cual el proceso de extradición debe llamar la atención es que legalmente no había razón para solicitar a una jurisdicción ya que el investigado estaba ilegalmente en aquel país y por tanto procedía una deportación ipso facto, como sucede en miles de casos en todo el mundo. Lo que sucede es que, al interponer una solicitud de extradición, se trabó un compromiso entre los países involucrados para no juzgar al procesado por delitos que no se hubiesen especificado en el pedido. Lo anterior resultó muy oportuno en el caso de Duarte, ya que se limitaron los ilícitos que le fueron imputados y aún mas relevante, las cantidades económicas que fueron objeto de decomiso. Tan solo par darnos una idea, las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación a la administración Duarte en su momento ascendieron a 47 mil millones de pesos, mientras en el acuerdo final del procedimiento abreviado y otras acciones de recuperación de activos por parte del estado de Veracruz que en su momento llegaron solo a los 2,300 millones de pesos. La pena negociada por la PGR, por lavado de dinero y asociación delictuosa también resultan convenientes a Duarte ya que, si observa buena conducta podría se liberado en la mitad de la condena por nueve años, lo que no hubiera procedido de no haberse negociado el cargo por delincuencia organizada…
En los momentos de su detención Javier Duarte pronuncio una enigmática rima: “Paciencia, prudencia, verbal continencia, presencia o ausencia según conveniencia.” En su momento se especuló quien era el destinatario del mensaje. Con el tiempo va quedando claro a quién iba dirigido.
Ahora en época de la 4T, para Javier Duarte, tal parece que el silencio ha dejado de ser conveniente.
