Alejandro Zúñiga
La abierta disputa entre los titulares del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en Veracruz, tras nueve meses de golpeteo, cobró su primera víctima y desnudó la crisis que vive la justicia mexicana.
Como reza el dicho: “el hilo se rompió por lo más delgado” y el perdedor fue el ya ex Fiscal General del Veracruz, Jorge Winckler.
Lo aplastó el Gobernador morenista, Cuitláhuac García, al destituirlo valiéndose de la mayoría de su partido en el Congreso veracruzano.
El brazo ejecutor fue la Comisión Permanente del Congreso del estado. El pretexto fue que, supuestamente, no contaba con el certificado de control de confianza, requisito indispensable para ocupar el cargo de Fiscal General.
En su lugar, Cuitláhuac impuso como encargada de despacho a su incondicional, Verónica Hernández, quien era la directora jurídica de la Secretaría de Gobierno estatal.
Más a modo para el gobernador, imposible.
Pero Winckler no solo fue removido del cargo, también pasó de perseguidor de delincuentes a perseguido.
Tanto han intimidado al exfiscal que el viernes pasado se supo que un juez de Xalapa, Veracruz, le concedió un amparo contra cualquier orden de aprehensión que pudiera ser girada en su contra.
Este atropello al Poder Judicial en Veracruz confirma, otra vez, que la impartición de justicia en México sigue subordinada al poder político.
De hecho, los políticos son una de las especies que más violentan y atropellan el Estado de Derecho.
En el caso de Jorge Winckler, se intuía que su lealtad estaba con el exgobernador panista Miguel Ángel Yunes, a quien le debía el cargo.
Por eso, desde que asumió el Poder Ejecutivo local Cuitláhuac García, el 1 de diciembre de 2018, culpó de todos los hechos sangrientos graves que se han suscitado en Veracruz, que no son pocos, al exfiscal Winckler.
Por su parte, Winckler marcó distancia del gobernador, se dedicó a su trabajo, pero no permitía que lo descalificaran y respondía, con pruebas, a infundios de funcionarios del gobierno estatal.
Desde que finalizó el Imperio, con Agustín de Iturbide y se instauró la primera República en México, en 1835, los titulares del Poder Ejecutivo, federal y de los gobiernos locales, designaban a modo a sus responsables de procurar justicia.
La realidad es que hoy la justicia sigue siendo utilizada como instrumento de presión política, chantaje, negociación y venganza.
La disputa política por el control de la justicia en Veracruz, volvió a poner el tema en el centro del debate y a restregarnos la necesidad inaplazable de separar, de una vez por todas, el poder político de la impartición de justicia.
Parte de la discusión que debe darse es quiénes, cómo y con qué método que garantice imparcialidad, pueden ser electos los fiscales.
Veracruz es prueba fiel de que la reforma al sistema de procuración de justicia, aprobada recientemente, terminó siendo una simulación cosmética.
Nos dejó lejos de un modelo idóneo para alcanzar una procuración de justicia eficaz, honesta, imparcial y autónoma.
Lo que no termina de comprenderse es que la lealtad del Poder Judicial debe ser, ante todo, con la sociedad y no con los políticos que impulsan a sus incondicionales.
Por lo visto hasta ahora, el tema debe regresar a la cancha del Poder Legislativo para impulsar un cambio de fondo que garantice democratizar la impartición de justicia.
La despolitización del poder judicial es una necesidad inaplazable, si aspiramos a que algún día reine el Estado de Derecho en México.
