Jaime Calderón
El año en curso ha sido particularmente delicado en materia de seguridad pública para la capital de la República. Los delitos de alto impacto han aumentado de manera considerable y hasta exponencial en algunos casos. Por poner solamente algunos ejemplos, el delito de homicidio aumentó 48% con datos al mes de abril, la extorsión 127% en el mismo periodo, el narcomenudeo 31% y con gran preocupación observamos que el delito de secuestro aumentó 550% con relación al año pasado. Otros delitos, los socio-familiares, que se explican por razones diversas, también experimentaron alzas. La violación es sin duda el más alarmante de ellos, pues se incrementó 454%, una cifra escalofriante.
A nivel nacional los números no son mejores. En el primer semestre del año, se incrementó la violencia principalmente en nueve delitos, entre los que destaca la extorsión con 35%, la violación con 12% y el robo a negocio con 11%; datos importantes, nadie puede negarlo, pero alejados de los incrementos de la Ciudad de México. Es responsabilidad del gobierno de la capital que encabeza Claudia Sheinbaum, abatir estos índices, pues no se puede permitir abandonar la razón básica de su existencia: garantizar la seguridad sus gobernados.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien de muchas maneras influye en las políticas de la capital, pues hay que decirlo “dicta línea” a los funcionarios públicos emanados de Morena, ha defendido, por lo menos en sus discursos, una política criminológica que pudiéramos denominar de izquierda. ¿A qué nos referimos con esto? A identificar a la pobreza, es decir, la falta de empleo y oportunidades, como la principal causa que explica el aumento de las tasas delictivas. La idea desde luego no es desacertada. El nivel de bienestar por supuesto que concurre como factor criminógeno relevante, sin embargo, querer comprender todo el fenómeno exclusivamente desde esa perspectiva es reduccionista. No todas las conductas antisociales tienen el mismo origen. Más aún, se transforma injustamente a las personas de bajos recursos en sospechosos “automáticos”. Se puede incluso ir más lejos: de la consideración anterior debería seguirse que los ricos nunca cometen un delito. Naturalmente, esto no es así.
Evidentemente el objetivo de atacar la incidencia de delitos trabajando sobre sus causas es correcto. La política de prevención siempre rendirá mejores frutos que la de represión. Sorprende, por lo tanto, que la estrategia de combate a la inseguridad del gobierno federal, que integra también a la Ciudad de México y las demás entidades federativas, se limite a la creación de un cuerpo de seguridad, la famosa Guardia Nacional; corporación a la que no se le puede pedir, más allá de sus vicios de origen que hemos señalado ya en múltiples ocasiones, lo que ningún cuerpo policiaco puede ofrecer. Se olvida frecuentemente que las policías no previenen delitos, sus funciones son sobre todo reactivas, y si bien a la larga eso puede tener repercusiones positivas en el combate a la delincuencia, hay que implementar políticas que se enfoquen en los factores criminógenos, las verdaderas causas, no únicamente la pobreza, pues de otra forma los resultados nunca llegarán.
Queda claro que un cierto índice delictivo dentro de márgenes razonables puede considerarse normal. En su libro Las reglas del método sociológicoEmile Durkheim defiende esta idea. La criminalidad es un hecho social que está presente en toda sociedad sana, pero que debe manifestarse en una proporción mínima, representativa de la composición social. Es verdad también que la cárcel se ha transformado en la “universidad del crimen”, por ende, debe reservarse solamente para los casos de mayor peligrosidad. Esto no significa, sin embargo, que el resto de los delitos y en general conductas antisociales no tengan que castigarse, pues no debemos pasar por alto, como también señala el sociólogo francés, que las penas, si bien pueden servir para readaptar, también son útiles para reafirmar la conducta de las personas que cumplen la ley. De otra suerte, si no existen normas eficaces y permitimos paulatinamente que se debilite el tejido social, damos pie a una situación de anomia que nos vuelve más propensos a la comisión de ilícitos.
En el caso particular de México, parece que todo conduce a una misma fuente: la ausencia de crecimiento económico. No es tan simple como señalar que la pobreza explica la delincuencia; se trata de un fenómeno mucho más complejo y profundo. La falta permanente de crecimiento ha menguado la capacidad de los mexicanos de satisfacer sus necesidades diarias. El subempleo, la informalidad, ha encontrado un espacio de oportunidad en esta situación. En México no se respeta la ley, y no se respeta principalmente en las pequeñas cosas. Basta con darse una vuelta por cualquier calle transitada de la ciudad, la entrada o salida de una estación de metro o cualquier otro lugar de alta afluencia de personas, para darnos cuenta de que la informalidad, una forma institucionalizada de incumplir las reglas, se ha apropiado del espacio público. Se expende piratería, se venden productos de contrabando o incluso robados, se sirve comida que no cumple ninguna reglamentación, se manejan tanques de gas en la vía pública… y a todos nos parece normal.
Esta es la situación de anomia a la que nos hemos referido. Las pequeñas transgresiones a la ley a mediano plazo propician las grandes violaciones de las que todos nos quejamos. No podemos combatir la criminalidad, si no garantizamos el cumplimiento de la ley en la cotidianidad. Es justo reconocer que las irregularidades se han extendido a la par de la disminución de los ingresos de las familias. Es por tanto un problema complejo de resolver. No podemos, sin embargo, esperar que se reduzcan los niveles de criminalidad en delitos de alto impacto sin una cultura de legalidad que no justifique excepciones. Recuerdo a propósito una frase antigua pero cargada de sabiduría: cuida los centavos, los pesos se cuidan solos.
