Fernando Díaz Naranjo
Nuestro sistema político mexicano está conformado por una serie de componentes que apuntalan a nuestra nación como un sistema democrático en donde, estructuralmente, debe cumplirse un ciclo que consta de varios “momentos”.
El primer momento empieza con las elecciones, con las campañas electorales, en donde la población tiene el poder de elegir a sus gobernantes de acuerdo a sus múltiples expectativas con base, generalmente, con las propuestas que partidos políticos y candidatos exponen.
Si tomamos como parámetro la elección donde resultó electo Andrés Manuel López Obrador no queda duda que la voluntad mayoritaria de la población depositada en las urnas así lo manifestó.
El segundo momento es aquel en que la autoridad electoral administrativa y, en su caso, la autoridad electoral jurisdiccional, determinan al partido, coalición y candidato ganador que se constituye así, como el representante del pueblo y está ahí para defender los intereses de toda la población independientemente del porcentaje de votos obtenidos para lograr dicho triunfo electoral.
Así llegó AMLO a la presidencia, así lo determinó la autoridad electoral administrativa (INE) y fue tan contundente su triunfo que las irregularidades catalogadas como menores no tuvieron ni siquiera el impulso de ser registradas para su análisis y resolución por la autoridad jurisdiccional correspondiente (TEPJF).
El tercer momento, está lleno de una gran expectativa ciudadana, es decir, de la esperanza de la población porque sus representantes populares cumplan dichas promesas de campaña en un periodo relativamente corto.
Este cumplimiento generalmente se ve reflejado en las políticas públicas ejercidas por la administración pública en turno o bien, por la ejecución de programas sociales que benefician a la población.
Consecuentemente, se hace necesario hacer un primer balance de este tercer gran momento inscrito en nuestro sistema democrático. Así, un ejercicio serio sobre la percepción de la población respecto a la presente administración y, en particular de la gestión de López Obrador, está integrado en un estudio elaborado por el Diario El Universal.
Uno de los datos más significativos de este ejercicio lo encontramos en el indicador denominado “Evaluación presidencial”, en donde de una escala del 1 al 10 la población encuestada determinó otorgarle al presidente de la República una evaluación del 7.22, donde uno es un registro muy malo y 10 es una muy buena calificación.
Sobre las principales acciones de gobierno, la población manifiesta: el combate al huachicoleo (16.8%), seguido del combate a la corrupción (8.2%) y la generación de la Guardia Nacional (5.2%).
En contraparte, los principales errores que la población le marca a la presente administración del presidente Andrés Manuel López Obrador está el combate a la delincuencia (13.6%), seguido de la ejecución de programas sociales (7.1%), la violencia generada en el país (5%), así como las estrategias implementadas para el combate al narcotráfico (4.8%).
Finalmente, dos datos más que consideramos importantes. El primero se refiere a lo que piensa la población en torno a sí el presidente tendría bajo control los problemas del país, en donde un 38.3% consideró que lo tiene bajo control por un 54.4% que opinó que el mismo se encuentra rebasado.
Respecto a si AMLO ha demostrado capacidad para resolver los problemas del país, un 69% apuntó que sí por casi un 30% que opina no ha demostrado capacidad.
Es así que, con esta percepción de la población llegó López Obrador a su primer informe de gobierno, mismo que analizaremos en otras entregas a la luz de la realidad política, social, cultural y económica que vive el país.
¡Hasta la próxima!
