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¿Y después de Coatzacoalcos?

Es inadmisible que el Estado, en lugar de poner por delante su obligación de garantizar la seguridad de las personas e impartir justicia de manera expedita, se enfrasque en intercambiar culpas.

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Alejandro Zúñiga

Mientras los deudos de las 30 víctimas sacrificadas la semana pasada en un bar de Coatzacoalcos, Veracruz, claman justicia, las autoridades locales y federales cruzan acusaciones y se echan la bolita, sin que hasta ahora se sepa nada de los asesinos.

La crueldad de este multihomicidio de 12 mujeres y 18 hombres es indignante. Un grupo no determinado todavía de criminales irrumpió, al filo de las 22 horas del martes 27 de agosto, al interior del centro nocturno El Caballo Blanco.

Los asesinos portaban armas largas, bidones con gasolina y bombas molotov.

Sometieron a los guardias del lugar, quienes no estaban armados, dispararon para obligar a sus víctimas a tirarse al suelo.

Luego esparcieron gasolina, arrojaron las bombas, cerraron el lugar por fuera y se dieron a la fuga.

La mayoría murió asfixiada y quemada, en medio de la desesperación, tratando de escapar del infierno en el que los confinaron.

El diseño de esta ejecución denota que fue perpetrada con lujo de maldad, crueldad y saña.

La intención era atemorizar al mayor número de personas, no solo causarles la muerte, sino provocarles terror, exceso de sufrimiento y dolor.

Ese es el modus operandi de los criminales hoy en México para hacerse temer y obtener más ganancias.

No importan los inocentes, como los dos marinos filipinos que bajaron de su barco y zarpaba al otro día y, por saciar su sed, murieron asfixiados.

La intención del autor intelectual era mandar un mensaje de supremacía, intimidatorio y de poder absoluto.

Tanta crueldad solo se ve entre cárteles del crimen organizado, por venganzas, represalias o por no acstar la exigencia del llamado “derecho de piso”.

El de Coatzacoalcos es el segundo ataque a este tipo de bares con el mayor saldo de pérdidas humanas de las últimas dos décadas, solo superado por el del Casino Royale, en 2011 en Monterrey que dejó 52 muertes y fue atribuido a Los Zetas.

El del Caballo Blanco no era el primer aviso en ese puerto, en los últimos dos meses hubo al menos cinco ataques en locales comerciales.

Datos del INEGI revelan que en 2018 se registraron 125 homicidios en Coatzacoalcos y lo más grave es que más del 96% no se han esclarecido.

En este contexto, la organización Impunidad Cero anunció que, en su informe presentado este 3 de septiembre, la Fiscalía de Veracruz ocupa el penoso penúltimo lugar en impunidad, solo superada por la de Tlaxcala.

Si a esto agregamos el pleito que libran en la entidad el gobernador Cuitláhuac García y el Fiscal local, Jorge Winckler, y la descoordinación entre fiscalías, estatal y federal, se ve muy lejana la justicia para los deudos de Coatzacoalcos.

Es inadmisible que el Estado, en lugar de poner por delante su obligación de garantizar la seguridad de las personas e impartir justicia de manera expedita, se enfrasque en intercambiar culpas.

Treinta inocentes masacrados en Coatzacoalcos se vienen a sumar a cientos de asesinatos, desapariciones, más de tres mil fosas clandestinas y multihomicidios cotidianos.

¿Qué más nos falta sufrir después de Coatzacoalcos, cuántas muertes veremos antes de que el Estado se ponga las pilas y cumpla con su primera gran responsabilidad? 

Lo nuestro es la #política en la #CDMX; si en verdad te late la grilla chilanga en las redes, visita nuestra página: https://elinfluyente.mx

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