El jueves, sin duda, ha sido el día más difícil del actual gobierno y que tendrá implicaciones en el tiempo que aún ahora es difícil de avizorar.
Ante la decisión de liberar a Ovidio Guzmán es difícil pensar que éste abandonará el crimen organizado. Por el contrario, junto con sus hermanos y lugartenientes, mantendrá en activo la actividad del Cártel de Sinaloa. La producción, distribución y venta de drogas en México y hacia Estados Unidos por parte de ese y otros cárteles no se detendrá ahora que se sabe que el gobierno federal es vulnerable, se le puede chantajear porque improvisa en lugar de planear operativos con inteligencia -de la que sí son capaces, en especial la Marina Armada-, que hay una orden explícita y ampliamente documentada y reiterada del comandante supremo de las fuerzas armadas de no actuar en contra de los integrantes de los cárteles.
Como nunca, los cárteles saben que tienen manga ancha para actuar en zonas del país que de por sí controlan, donde tienen mejor capacidad de reacción que el propio Ejército, ante la decisión de no involucrar a la Marina en operativos como el de Culiacán.
Esta semana se deberán determinar las medidas para “congelar” el paso de armas desde Estados Unidos hacia México, y de la misma forma, impedir el tráfico de armas hacia ese país.
De conseguirse, esas medidas traerán una nueva ola de ataques del crimen organizado contra las instituciones del Estado, en su lucha por mantener sus lucrativas actividades ilícitas.
La insistencia gubernamental es que se puede contrarrestar la fuerza de los cárteles del crimen organizado con la entrega de becas, pensiones y apoyos y con pláticas motivacionales. Esta política tardará años en dar resultados y por ello, puede interpretarse como inocente cuando el despliegue demostrado por los criminales demostró que pueden apoderarse de una ciudad entera. De lo contrario, estamos hablando de irresponsabilidad.
¿El país está en calma? Los hechos dicen que no. El discurso oficial asegura que se tomó la decisión de liberar al más joven de los hijos del “Chapo” Guzmán para evitar derramamiento de sangre, que no hubiera víctimas, sin embargo, apenas se menciona que hubo ocho muertos en los enfrentamientos de Culiacán.
En Guanajuato hubo nueve muertos el fin de semana por acciones del crimen organizado.
También cabe preguntarse: ¿Ovidio Guzmán dejó las armas, desbarató el cartel de Sinaloa, se entregó él junto con sus hermanos y secuaces cercanos, entregaron sus recursos al gobierno, se sometieron ya a proceso ante un juez, aceptaron que violentan todas las leyes que pueden, dejaron de producir, traficar y vender drogas, y ya anunciaron que no volverán a hacerlo, además de prometer que no volverán a atentar contra las fuerzas armadas y/o policiales y se integrarán de inmediato a la vida dentro de la ley y se sujetarán a los procesos legales de rigor por haber violentado las leyes federales, estatales e internacionales? Evidentemente no.
Por ello, las muestras de adhesión a la decisión de liberar al “Chapito” rayan en el fanatismo, de que se perdió la capacidad de entender lo que se vive y se opta por la salida fácil de la solidaridad de partido.
Morena, por cierto, tuvo por segundo fin de semana consecutivo asambleas distritales que terminaron con escaramuzas, y cancelaciones que hacen más turbia la elección de quien dirigirá a ese partido, puntal del actual gobierno.
Hoy, como no hay registro en la historia reciente del país, un presidente es el estratega, vocero, y sostén de su propio gobierno, da ruedas de prensa donde es cuestionado con seriedad y firmeza -sin paleros que desvíen la atención ante un tema complicado-, sale a la plaza pública para ensayar la narrativa de que se optó por salvar vidas en lugar de una masacre y recibe la severa crítica de sus acciones sin esconder la cara.
En cada mitin reafirma el camino elegido para tratar de minar a las bandas del crimen organizado, que darán resultado a mediano o largo plazo -en caso de que lo den-, y por el momento la población, las fuerzas armadas y policíacas, deberán poner el pecho a las balas.
