Ernesto Osorio
Están por cumplirse diez meses del actual gobierno federal, en torno del cual gravitan y se mueven como satélites el poder legislativo federal, algunos congresos locales y los gobiernos de los estados emanados de Morena. La ocasión amerita para hacer un alto y revisar el cumplimiento a una de las principales promesas de campaña del actual Presidente Andrés Manuel López Obrador como lo es, el respeto a la ley.
Columna vertebral de su discurso político desde el año 2000 cuando se convirtió en Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el respeto a la ley y a los principios que emanan de la Constitución Política son la estructura sobre la cual descansa la ética y la comunicación del Presidente de la República con el pueblo de México. Quizá por ello en el 2004, el gobierno encabezado por Vicente Fox con auxilio de líderes de Acción Nacional y del entonces grupo Atlacomulco decidieron que la mejor manera de aniquilar a López Obrador, sería mostrar al tabasqueño transgrediendo o violando alguna ley.
El juicio político que se fabricó en su contra por el sonado caso de “El Encino” y que no era más que el desacato a un mandato judicial que la ley considera como un delito, fue clave para lograr que el ex Jefe de Gobierno perdiera credibilidad entre la población, en su primer intento por alcanzar la Presidencia.
Desde entonces Andrés Manuel López Obrador se empecinó en demostrar y convencer a los mexicanos, de que nunca ha transgredido la ley y que su máxima retomada del pensamiento juarista es y será siempre: “al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie”, frase en la que resume la premisa sustantiva de su pensamiento y también, el del Movimiento que dio origen y ahora conocemos como Morena.
Hace algunas semanas le preguntaban precisamente en su conferencia matutina al Presidente sobre los vicios que mostraba el partido que fundó (Morena), en momentos en que se definían los nuevos liderazgos de esa fuerza política en el Congreso de la Unión. La confrontación entre Ricardo Monreal y Martí Batres, las reformas a la Constitución local de Baja California para ajustar los años del periodo de gobierno para el nuevo gobernador de 2 a 5 años, hicieron que el mismo Presidente reconociera que Morena, comienza a descomponerse por los vicios que repiten algunos de sus miembros y militantes
“Quiero dejarles claro que luchamos muchos años para que no se usara el gobierno a favor de ningún partido, fue una lucha de siempre. Lo que acaba a los partidos es el pragmatismo, la falta de ideales y principios, el buscar triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. La ambición del poder por el poder” dijo en aquella ocasión y les volvió a reiterar, que no es un ambicioso vulgar, y que nunca traicionará al pueblo pues caminará con la ley en la mano. “Al margen de la ley nada, por encima de la ley, nadie”:
Pero al revisar una serie de actos violatorios de la ley que han protagonizado personajes de Morena en las últimas semanas, uno se pregunta si la premisa del Presidente es regla, o una simulación. Simulación, sí, pues a pesar de las evidencias que demuestran las acciones ilegales en las que han incurrido, todos, siguen gozando de su cargo y siguen percibiendo su salario, como si nada estuviera pasando.
Aquí en la Ciudad de México hemos sido testigos de que el respeto a la ley, se aplica de acuerdo al humor o la temperatura en que amanecen nuestras autoridades. Ejemplos son varios y van desde la anuencia para que indígenas ambulantes vendan su mercancía en pleno Zócalo o que el INVEA y la Alcaldía Cuauhtémoc se hagan de la vista gorda para no aplicar la ley a la familia presidencial que adecuó el uso a un edificio que además de ser museo, es un recinto histórico para darle un uso habitacional; Hasta el desacato de la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum para cumplir con el mandato del Tribunal de lo Contencioso administrativo de retirar la publicidad de parabuses e infraesructura de la Línea 7 del Metrobus o la permanencia de anuncios espectaculares en azoteas y edificios, particularmente en el segundo piso del periférico. También está la impunidad con la que la firma JC Decaux, sigue explotando la publicidad de buzones postales ante la mirada complaciente de la autoridad, sabiendo que su contrato fue cancelado hace más de medio año y que debe una cantidad importante de las contraprestaciones que nunca entregó al gobierno por ese jugoso negocio.
También se han hecho públicas las nóminas que confirman que dos “analistas” que simpatizan con Morena y el actual gobierno federal, cobran por hacer apología de la Cuarta Transformación y denostar a organizaciones civiles, ciudadanos y periodistas que difieren con el actual gobierno.
Me refiero claro a Gibrán Ramírez, colocado por el gobierno de AMLO como Secretario General de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), un organismo con sede en la Ciudad de México que, pese a ser internacional tiene como su principal financiador al gobierno de México. El otro “intelectual” a sueldo: es Antonio Attolini, quien cobra por contrato de honorarios al Senado 60 mil pesos mensuales, sin que exista evidencia o registro documental de su trabajo como asesor, y lo peor: nunca se le ve asistir a su trabajo.
De la misma cloaca de Morena en el Senado, salió también y gracias a la generosidad del senador Martí Batres, las evidencias del nepotismo de Ricardo Monreal quien contrató a su sobrina con un salario superior a los 70 mil pesos y solo unos días después, el desquite del zacatecano vino de la mano del periodista Ricardo Rocha, quien lanzó una bomba en contra de la diputada local de Morena en el Congreso de la Ciudad de México Valentina Batres, presidenta de la Comisión de Hacienda a quien acusa de desviar recursos del Canal del Congreso de la CDMX hacia una emisora del gobierno federal, y de falsificar su firma para dar por terminada la relación laboral que tiene con el Congreso como director del canal.
¿Es este el estado de derecho que representa el máximo líder de Morena? ¿Es este el imperio de la ley que dice defender? ¿en qué son diferentes a los gobiernos del PAN o del PRI?. En lo personal, creo en Andrés Manuel López Obrador y en sus principios éticos. El debería ser el primero en pedir a las instancias correspondientes actuar con la ley en la mano. Pero su silencio, deja un mal sabor de boca que, esperemos, no sea el silencio cómplice contra el que siempre dijo luchar.
