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Instituciones a modo

Un retroceso más y otro engaño más

Ernesto Osorio

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Ernesto Osorio

No se ustedes, pero como que el ambiente político estas últimas tres semanas, se ha enrarecido. Existe en el entorno de la grilla una sensación de enojo, de enfado y de incertidumbre, como de que no sabemos hacia dónde vamos.

Los tropiezos del gobierno federal en materia de seguridad que iniciaron con las emboscadas de Aguililla Michoacán y luego en Guerrero, pasaron por Culiacán y cerraron en Sonora con el caso de la familia Le Barón, hicieron que el mismo Presidente Andrés Manuel López Obrador tuviera que reconocer que han sido “días difíciles”, con lo que nos confirma este panorama.

Y fueron difíciles, pues mientras en el Congreso esperaban el cabildeo para que sus alfiles amarren la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2020 para cumplir con los proyectos del Presidente, al mismo tiempo se tenían que destrabar nombramientos y otras reformas legislativas que le urgían y todavía le urgen al primer mandatario queden ya resueltas.

Uno de ellos fue el nombramiento del nuevo Ombudsperson de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuyo proceso concluyó con la mancha de la ilegitimidad al nombrar en medio de un ridículo juego de posiciones pamboleras a Rosario Piedra Ibarra, quien finalmente logró colarse hasta la presidencia del organismo en medio de un vulgar pleito de cantina.

Un retroceso más y otro engaño más.

En este primer año de gobierno de Andrés Manuel, hemos sido testigos de un debilitamiento de nuestras instituciones y un retroceso evidente de nuestra democracia a través de argucias legaloides, cambios legislativos, condicionamiento presupuestales y ataques sin razón para los críticos.

Lo de la CNDH, no es nuevo. Solo corona la pretensión de un poder oligárquico que busca tener el control de todo a costa de lo que sea. Ahí está la Ley Taibo, creada para nombrar a un amigo del Presidente al frente del Fondo de Cultura Económica; la ley Porfirio, promovida por diputados de Morena para que  Porfirio Muñoz Ledo permaneciera en la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, algo que afortunadamente nunca se logró.

Pero así como los otros casos, se han conseguido los nombramientos afines que parece ser la ruta por excelencia para hacerse del control de las instituciones autónomas. Desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la renuncia forzada del Ministro Medina Mora, pasando por los cambios en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, el Coneval y ahora la CNDH.

Lo mismo se verá en los próximos relevos en los Consejos de la Judicatura, en el del Instituto Nacional Electoral que deberá nombrar a cuatro nuevos integrantes; en el nombramiento de un nuevo Consejero en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, otro más en la Comisión Federal de Crecimiento Económico (Cofece) y otro en el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).

Para el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, el cambio (su cambio) democratizador del país, pasa por limpiar a las instituciones y liberarlas de los intereses del grupo conservador, pero sólo para que cambien de mano a las de él. El cambio, solo es de dueño, no de fondo o en la estructura básica de las instituciones.

Todos estos hechos, no son más que una obsesión por el poder, atizada por el abuso y la incongruencia y en este contexto, arranca el proceso para elegir al próximo fiscal general de la Ciudad de México, el cual sabemos que inició como la Ley Taibo; ajustando el marco normativo a modo, para que el elegido, (en este caso la elegida procuradora Ernestina Godoy), llegue a ocupar el cargo, con la misma bendición del Presidente de la República, quien sin recato alguno la reconoció como su fiscal carnal.

Para este proceso se inscribieron once personas: Carlos Daza Gómez, Miguel Ángel Cuesta García, Alejandro Hernández Morales, Verónica Román Quiroz, Hugo Serafin Paz García, Fernando Vázquez Herrera, Diana Cristal Gónzalez Obregón, Eduardo Alfonso Antonio Guerrero Martínez, Victoria Pacheco Jiménez, Jorge Antonio Mirón Reyes y Ernestina Godoy

De entre todos estos abogados y juristas, el Consejo Judicial Ciudadano, integrado por once ciudadanos conocedores del tema de la seguridad y la procuración de justicia que fueron elegidos en septiembre pasado, tendrán que elegir primero una terna, y de la cual, saldrán algunos para ser entrevistados en los próximos días y el 15 de diciembre, elegir al nuevo fiscal.

Estará en manos de las siguientes personalidades el transitar hacia un proceso limpio, sin presiones, sin consignas de Palacio Nacional: Alicia Elena Pérez Duarte Noroña, Manuel Eduardo Fuentes Muñiz, Saturnino Manuel Canto Chac, Maria Gabriela Delgado Ballesteros, Gustavo Edgardo Escalante Patiño, María del Carmen Fernández Alonso, Jorge Abraham Fernández Souza, Arely Celeste Fonseca Sánchez,  Carlos Antonio Heredia Zubieta y María Guadalupe Villegas Reyes.

Su compromiso social está a prueba y de ustedes depende la designación de un verdadero fiscal autónomo, o bien, un nombramiento a modo más que siga socavando nuestra libertad democrática.

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