Ernesto Osorio
Estamos a punto de que se cumpla el primer año del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum aquí en la Ciudad de México, y antes de intentar hacer un balance de su gestión es imprescindible tratar de entender el entorno político, económico y social en el que se cumplirá este aniversario.
A diferencia de otros años en que el gobierno de la capital destacaba por los contrastes que guardaba con el gobierno federal, este 2019 representó el regreso de las extintas Regencias y aunque en la forma, el de Claudia Sheinbaum es un gobierno electo y “autónomo”, lo cierto es que su relación con la administración federal va más allá de una mera coordinación administrativa.
Para quienes piensen que esto es malo, ¡al contrario!, es muy bueno. Nos hemos dado cuenta de que, en los hechos esta Regencia a diferencia de otras del pasado priísta, si cumple con sus propósitos de ser una entidad que sigue celosamente los lineamientos establecidos por el Ejecutivo federal. No hay gobierno más leal hacia la federación que el capitalino y solamente tenemos que recordar algunos ejemplos.
Todos sabemos que la principal bandera de los gobiernos de Morena es la política social y hoy por hoy los programas de adultos mayores, mujeres, adolescentes y niños y niñas de escasos recursos en esta ciudad, siguen siendo aquellos que todos identifican como “los de la tarjeta de López Obrador” El Presidente es el benefactor, el líder bueno que cobija a los más humildes en esta ciudad, es su gobernador.
En materia económica no hubo castigos o amagos para la capital como sucedía en el pasado. Los recursos de la federación hacia la capital se entregaron en tiempo y forma, y gracias a ello se logró la conclusión de los trabajos en el Túnel Emisor Oriente (TEO), la reanudación de las obras del complicado Tren Toluca-Santa Fe y se concretó el traumático proceso que representó cancelar el proyecto del aeropuerto en Texcoco e iniciar uno nuevo en Santa Lucía. Imaginar todos estos proyectos con un gobierno de oposición, hubiera sido prácticamente imposible.
En los temas de la salud, la crisis por el desabasto de medicinas para los pequeños enfermos de cáncer pegó duro en la CDMX. Fue aquí donde se dieron los bloqueos en avenidas principales o en el aeropuerto, pero a la doctora Sheinbaum estos conflictos le pasaron de noche pues la solución la tuvo el gobierno federal con la compra de urgencia de estos medicamentos.
Celebramos que esta nueva Regencia funcione en estos terrenos, en serio. Pero es lamentable que en el problema más sensible para todos los capitalinos que es el de la seguridad ambos nos hayan quedado a deber.
A su llegada al Antiguo Palacio del Ayuntamiento, López Obrador ordenó a Sheinbaum regresar al viejo esquema que él implementó en el año 2000 para organizar la protección y vigilancia de los ciudadanos y se reinstalaron los antiguos cuadrantes y coordinaciones territoriales de seguridad; Emulando la extinción del Estado Mayor Presidencial en el ámbito federal, aquí se eliminó el agrupamiento de granaderos en la estructura de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y sus elementos pasaron a otros agrupamientos dentro de la misma dependencia.
El cambio estructural se cumplió, pero la ausencia de un estratega capaz y eficiente para encarar al crimen organizado en el ámbito federal, se notó aún más en esta caja de resonancia que es la Ciudad de México. Lo único que quedó al descubierto fue un juego de intereses políticos que pesaron más que nuestra seguridad ya que, en lugar de elegir a un funcionario capaz al frente de la SSC, se impuso a un recomendado del canciller Marcelo Ebrard, como lo es el ya renunciado Jesús Orta.
Resulta no solo condenable, sino hasta peligroso, que en el entorno de la estrategia federal de combate a la inseguridad hayan pesado y sigan pesando más las variables políticas. La incompetencia mostrada por Orta, no es nada en comparación con la del todavía responsable de la Seguridad Pública y Protección Ciudadana Alfonso Durazo, un funcionario cuyo compromiso político con el Presidente es más que impenetrable.
Este tufo a grilla, esta politización en la política de la seguridad y de respeto a los derechos humanos, es lo que llevó a la señora Rosario Piedra hasta la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lugar en el que se colocó no solo a una activista de la trasnochada izquierda de los años setenta, sino a una militante del Presidente, no tanto de Morena.
Lamentablemente esa misma intromisión se anticipa en el proceso para elegir a la fiscal general de la Ciudad de México. Tal y como lo advertimos aquí, Ernestina Godoy se perfila a ser la imposición de López Obrador para ocupar este cargo en el que se demanda, no solo una capacidad técnica y jurídica de primer nivel (que la ex diputada no tiene), sino además la experiencia de un especialista en criminología e inteligencia que pueda crear las bases de una nueva institución, libre de corrupción y del manejo político.
La renuncia anticipada de dos integrantes del Consejo Judicial Ciudadano, argumentando “ingerencias indebidas en el proceso” de selección de los candidatos para conformar la terna del nuevo fiscal, nos anticipa una selección igualmente amañada e irregular por parte de la mayoría de los diputados de Morena en el Congreso capitalino tal y como la que puso a la señora Piedra en la CNDH.
Las Consejeras Gabriela Delgado Ballesteros y Alicia Elena Pérez Duarte, fueron muy claras al denunciar que recibieron una “sugerencia” por parte de los diputados de Morena para que pudieran ser modificados los requisitos acordados en la inscripción de los candidatos, aunque no cumplieran con el perfil.
El arropamiento de los diputados morenistas a la procuradora mostrado el pasado martes durante su entrevista, dejó claro el mensaje a los otros candidatos que la decisión ya está tomada. Anticipamos desde ahora la elección política de una fiscal incondicional y subordinada a quien de verdad gobierna esta ciudad.
La titularidad de una dependencia tan vinculada a la estructura del crimen como lo es la procuraduría, siempre será útil para quien desea concentrar todo el poder en la capital del país que gobierna.
