Ernesto Osorio
Cierra el 2019 con un saldo negativo, al menos en cuanto a percepción sobre el trabajo realizado por la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México.
Grillas al interior del grupo mayoritario de Morena que tienen en la tablita a su actual coordinador Ricardo Ruiz, una total ausencia en producción de iniciativas por parte de sus aliados Encuentro Social y del Trabajo, así como una gestión gris de la oposición del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y el PRI, hicieron que este 2019 quede en los registros históricos de la vida democrática de la capital como uno de los peores en cuanto al trabajo legislativo.
En ese sentido, y a unas horas de que el presupuesto entre a debate y su análisis en las Comisiones de Unidas de Hacienda y Presupuesto y Cuenta Pública, todo apunta a que la línea trazada desde Palacio Nacional pasando por el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, será celosamente respetada por los diputados de Morena y aunque en apariencia muestren algunas diferencias, el paquete presupuestal es pan comido. Como ha sido una costumbre, los proyectos prioritarios para el gobierno central vienen blindados y ningún debate les mueve una coma.
Este es el primer paquete económico que entrega el gobierno de Claudia Sheinbaum, y viene con algunas sorpresas. Por ejemplo, habrá una decena de nuevos impuestos, -que se disfrazan de ajustes, pero que recaudarán, según las proyecciones de los asesores- poco más de 60 mil millones de pesos. Esos ingresos van dirigidos a consumidores de nivel medio-alto, pues se aplicará un gravamen a las bebidas alcohólicas, a las apuestas, al hospedaje en casas particulares y un nuevo esquema para el refrendo de la tenencia a partir del valor del vehículo en el mercado. Estos impuestos, en esencia, golpearán más en el bolsillo de la clase media. Por ejemplo, si usted emplacaba el automóvil que utiliza para trabajar, en el Estado de México y verificaba ahí mismo, ahora no se podrá realizar el trámite en la otra entidad, a menos que pague un impuesto que lo hará pensar dos veces en seguir dejando su dinero en el Edomex.
Esta falta de disciplina legislativa que niega un debate abierto para escuchar diversas posturas, fue el común denominador en este año y que se vio en el proceso de designación de la Fiscal General de Justicia, será la receta que seguirán poco más de 400 leyes reglamentarias que aún quedan pendientes de armonizar con la nueva Constitución. Los argumentos, las ideas, que solo algunos diputados con trayectoria en esta actividad, se atreven a esbozar, no existe. El nivel parlamentario, es de dar pena.
En las poco más de siete legislaturas que tuve oportunidad de compartir con diputados desde que se creó la Asamblea de Representantes, había visto tan bajo nivel parlamentario.
Pero no solo eso. Los desajustes y vicios de corrupción que juraron limpiar hicieron crisis también en este 2019. De nada valió los casi tres meses que tardaron para elegir los actuales diputados de Morena con sus pares del PAN, PRD y PRI al Oficial Mayor y su directora de la Unidad de Transparencia, a su Coordinador de Servicios Parlamentarios y a su Coordinador de Comunicación Social, pues al final mostraron que, o pretendían perpetuar algunos privilegios, o de plano, nunca supieron en realidad cual era la responsabilidad que asumieron al prestar juramento ante el pleno.
Hoy, todos ellos renunciaron, o los renunciaron. El primero en caminar fue Oficial Mayor Javier González Garza bajo una sospechosa sombra de abusos al decidir plazas sin la autorización del grupo mayoritario, la directora de la Unidad de Transparencia, Judith Vázquez Arreola dejó el cargo por no saber cómo actualizar y poner al día la página web del Congreso y el director de Comunicación Social, Ignacio Rodríguez Reyna, a quien todavía no le aceptan formalmente su salida, dejó el cargo por motivos personales.
Pero ninguna causal de baja, es más vergonzosa que la total incompetencia como fue el caso de la Coordinadora de Servicios Parlamentarios Carina Piceno, de quien no tienen todavía sustituto. Su “único errorsito” fue el haber dejado pasar una enmienda constitucional al artículo 30 de la Constitución local en la cual, omitió incluir algo que no se había modificado en el debate y que eran los siete numerales en los que se describen las facultades de los diputados y de la o el Jefe de Gobierno para proponer, analizar y aprobar iniciativas de ley.
El error –corregido inadecuadamente con una sencilla fe de erratas publicada en la Gaceta Oficial- fue un extraordinario pretexto para que la Jefa de Gobierno pidiera la remoción de su Consejero Jurídico Héctor Villegas, quien ya no podía con las grillas de Morena al interior del gobierno.
Con este nivel cerrará la primera legislatura del Congreso de la CDMX el año 2019 que será para el olvido. Esperemos que en sus respectivos brindis, se decidan a poner un poco más de empeño (la mayoría) para no empañar el buen trabajo que solo algunos y algunas pocas pueden presumir.
