Óscar Espinosa Villarreal
Todo parece indicar que no, si observamos la forma en que las entidades federativas están actuando en materia fiscal para el año que recién comienza. En un entorno de lento crecimiento y ante la imposibilidad de exprimir más a la ubre federal, ahora recurren en mayor o menor medida al establecimiento de nuevos gravámenes locales o al incremento de los ya existentes. Es por todos conocido que, tanto los gobiernos estatales como municipales, históricamente han evitado pagar el costo político de cobrar impuestos o derechos, prefiriendo recargarse en las participaciones en impuestos federales. Quizás la única excepción la constituya la Ciudad de México.
Pero ante la imposibilidad de que el gobierno federal incremente los recursos para los estados y en algunos casos incluso los reduzca, los gobiernos locales no han encontrado mejor alternativa que recargarse en sus habitantes y pasarlos por las armas (recaudatorias). Si bien es cierto que en 20 entidades no se crearon nuevos impuestos: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala, Sonora, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; en la mayoría de los estados se realizaron incrementos a los tributos existentes, principalmente a los aplicables al hospedaje y la nómina, para mejorar así los ingresos propios.
Los nuevos impuestos que las entidades restantes crearon se orientan a gravar juegos y apuestas, aunque la recaudación esperada por este nuevo rubro es apenas de 1% en entidades como Ciudad de México. Asimismo, la introducción de un nuevo gravamen local para bebidas alcohólicas entre el 4% y el 4.5% aparece en este año fiscal. Por último, los estados siguieron una tendencia hacia el aumento al que se causa sobre la nómina, que llevó a varias entidades a subir sus tasas hasta 6%.
Otra modificación importante a las reglas fiscales de los estados es el aumento del impuesto al hospedaje; la mayoría de los estados tenían un régimen de 2% y 3%, pero en 2020, este aumentará a 4% y 5% en estados como Guanajuato y Baja California. En 2019, sólo los estados de Baja California, Baja California Sur, Estado de México y Ciudad de México cobraban a la plataforma Airbnb el gravamen sobre el hospedaje de 3%. Chihuahua, Hidalgo, Puebla y Sonora también cobrarán esta contribución en 2020 a los participantes en la plataforma. En relación con el turismo, Baja California aprobó un impuesto a los arribos aéreos en el estado.
La Ciudad de México es la región que realizó más cambios fiscales. Para 2020, se crearon los impuestos a la Venta Final de Bebidas Alcohólicas (4.5%), y a las Erogaciones en Juegos con Apuestas y Concursos (10%), así como ajustes a los impuestos de tenencia (con el objetivo de homologar las reglas con el Estado de México) y hospedaje. Por otra parte, la Ciudad de México introdujo uno aplicable al uso de plataformas de economía compartida de transporte. Éste está orientado a las personas morales que operen, utilicen o administren estas plataformas y deberán pagar mensualmente el 1.5% del valor de cada viaje que haya iniciado en la Ciudad de México. Este tributo se suma a la iniciativa del Paquete Económico Federal de gravar con ISR a los usuarios de estas plataformas.
En Guanajuato, se creó también un impuesto a la Venta Final de Bebidas Alcohólicas de 4.5% y por la Enajenación de Bienes Inmuebles (5%). Mientras que Nuevo León (Monterrey) también busca gravar el transporte y crea el Impuesto a las tarifas cobradas por los prestadores de servicios de transporte compartido como Uber, Cabify y Didi con una tasa del 1.5% por viaje.
En Baja California, el Congreso local aprobó el impuesto a la Realización de Juegos con Apuestas y Sorteos y por Obtención de Premios (tasa del 6%). Así como un impuesto sobre la Venta de Gasolina y demás Derivados del Petróleo por Afectación del Medio Ambiente (tasa del 5% a la venta del gas natural y sus derivados, y tasa del 2.5% sobre la venta de gasolina). Éste se relaciona con el nuevo Impuesto por Remediación Ambiental en la Extracción de Materiales que Michoacán aprobó sobre la minería, con una cuota por metro cúbico.
En Puebla, se introduce el impuesto al hospedaje con una tasa del 3%, pero también a las plataformas de economía compartida como Airbnb con una tasa similar. Asimismo, se crean los impuestos “Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos” e “Impuesto Sobre la Realización de Juegos con Apuestas y Sorteos”, con tasas del 6%. En Tamaulipas también aumenta el “Impuesto sobre Loterías, Rifas y Sorteos” pasando del 3% al 6%. Y en Sinaloa se focaliza este tipo de impuestos a “las Erogaciones en Juegos con Apuestas”.
Los datos disponibles del segundo trimestre de 2019 señalan un crecimiento negativo respecto a 2018 para Tabasco, Baja California Sur, Zacatecas, Campeche y Chiapas. Mientras que otros estados están creciendo por encima del 2% respecto a 2018, como Nuevo León, Colima, Aguascalientes, Durango, Tlaxcala y Chihuahua. Al observar medidas de competitividad regional, el índice Doing Business del Banco Mundial para 2020, muestra grandes disparidades regulatorias al interior de nuestro país. Consideradas como economías independientes, por ejemplo, la Ciudad de México ocuparía el lugar 83, mientras que Monterrey ocuparía el lugar 17 en facilidad para hacer negocios. El peor indicador dentro de la facilidad para realizar negocios a nivel país no es la cantidad de impuestos, sino los trámites para pagarlos con el lugar 120 de 190 países en esta dimensión.
Coparmex expresó que los impuestos no afectarían directamente a los precios que enfrentan los usuarios finales, pero sí a las empresas que proporcionan estos servicios, en el caso de la Ciudad de México. Sin embargo, la organización también señala que el sector turístico será el más afectado. Por otra parte, Coparmex señala que el incremento en el impuesto sobre la nómina que varios estados implementarán puede afectar la contratación de nuevo personal por parte de sus afiliados. Así mismo, el Consejo Coordinador Empresarial se ha manifestado en contra de los nuevos impuestos en Baja California. Mientras que, en Puebla, el CCE y el gobierno estatal realizaron un compromiso para destinar los nuevos recursos del impuesto sobre la nómina a seguridad.
Las entidades se han despachado generosamente con estos nuevos gravámenes, pero deberán darse cuenta, más temprano que tarde, que dichas estrategias recaudatorias pueden ser un boomerang y revertirse en contra de la competitividad y crecimiento de la actividad económica.
