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“La mexicana”, ¿conflicto de interés?

¿No que este gobierno prioriza el bienestar de los más pobres por encima de las ambiciosas metas de los más ricos? 

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Ernesto Osorio

Cuando en el año 2004 el entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador fue objeto de una concertada acción política- judicial para bloquear sus aspiraciones presidenciales, el litigio por un predio de 20 hectáreas en Santa Fe derivó hasta el proceso de desafuero que puso en la puerta de la cárcel al actual Presidente de la República.

Ese predio, conocido como “La Mexicana”, es un terreno de propiedad pública con un valor aproximado de dos mil millones de pesos, que a finales de los años 90 fue concesionado al empresario Federico Escobedo para que, a cambio de emparejar la superficie del predio, éste pudiera explotar diversos materiales del mismo. Sin embargo, el particular incumplió el acuerdo, motivo por el cual le fue retirada la concesión por el gobierno de López Obrador.

Escobedo intentó recuperar su negocio a través de un amparo argumentando que el motivo para dar por terminado el convenio obedecía a razones políticas y que por la inversión realizada en el terreno le correspondía la propiedad definitiva de “La Mexicana”, según se asienta en el recurso interpuesto por los abogados del empresario: un despacho jurídico propiedad del ex procurador general de la República, Antonio Lozano Gracia, y el ex senador panista Diego Fernández de Cevallos.

El pleito por la propiedad del gigantesco predio, llevó a Escobedo a una escalada de litigios por terrenos en Santa Fe, entre ellos, uno por el predio El Encino, que originalmente era parte de tierras nacionales o comunales, y que a decir de Escobedo era de su propiedad. Al final, este terreno fue expropiado para construir un camino para darle una salida a un hospital, pero a decir del empresario, el Jefe de Gobierno incurrió con esa decisión en la violación del amparo que había obtenido para mantener su propiedad. Este, fue el origen que dio pie al juicio político de López Obrador que al final lo desaforó del cargo. El resto de la historia, ya lo conocemos.

En abril de 2012, ya como Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard autorizó un cambio de uso de suelo para “La Mexicana” con la finalidad de construir más de 6 mil viviendas de interés social. Estas pretensiones, motivaron el rechazo de los vecinos de Santa Fe que acusaron la intensión de “proletarizar” su entorno, y exigieron al gobierno la construcción de un parque temático o un área de valor ambiental.

Ya en la administración de Miguel Ángel Mancera se reactivaron los planes para “La Mexicana”, con la promesa a los vecinos de respetar un 70 por ciento del terreno como área verde y el 30 por ciento abierto para ofertarla a particulares con intereses de explotar comercio y vivienda.

La oferta representaba un apetitoso negocio al que rápidamente se apuntó el consorcio Fibra-Danhos-Copri, dos de las empresas que han sido reiteradamente señaladas por organizaciones vecinales como las responsables del caos inmobiliario en la CDMX tan criticado por el actual gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum.

En abril del 2016, el gobierno suscribió con estas dos firmas un Sistema de Actuación por Cooperación (SAC), una figura legal que permite crear asociaciones entre el gobierno y el sector privado para realizar proyectos de mejoramiento urbano para que en el 70% del terreno se construyera un parque público, dejando 15 hectáreas para el desarrollo inmobiliario cuyo usufructo sería para los particulares.

Las empresas construyeron el parque público con estándares de primer mundo. Se regeneraron las áreas verdes con especies locales, se construyó un sistema de captura de agua de lluvia, tiene iluminación tipo leed, Wifi gratuito, hamaqueros, juegos infantiles, ciclopista, un skatepark con dimensiones para competencias internacionales, fuentes y hasta dos lagos artificiales. El monto de la inversión total fue de dos mil 500 millones de pesos ¿Dónde está el negocio?

De acuerdo con avalúos del propio gobierno del Distrito Federal en tiempos de Ebrard, el terreno “La Mexicana” tenía un costo de 6 mil millones de pesos, y representaba un potencial de desarrollo urbano de casi 20 mil millones.

En las proyecciones del proyecto inmobiliario, el metro cuadrado de este terreno, se cotiza actualmente en 45 mil pesos, y haciendo cálculos por cada uno de los 650 departamentos de lujo que ahí se construyen, el negocio asegura a los empresarios una derrama superior a los 22 mil millones de pesos.

Cuando a finales de la administración de Miguel Ángel Mancera, los vecinos de Santa Fe, ajenos a la Asociación de Colonos ganaron un amparo para suspender los trabajos de construcción del residencial y un centro comercial por parte de Grupo Danhos y Copri, el consorcio demandó el pago de su inversión por el parque ecológico, los 2 mil 500 millones de pesos.

Una vez en el puesto, la Jefa de Gobierno, ordenó una revisión detallada del convenio y del Sistema de Actuación por Cooperación suscrito por la administración de Miguel Ángel Mancera y con una actitud firme, advirtió que su gobierno no pagaría ni un centavo del millonario adeudo, reclamado por los empresarios.

Pero no se trata de cualquier grupo empresarial, uno de ellos, Grupo Danhos es, presidido por Salvador Daniel Kabbaz Zaga quien a su vez es el presidente del Consejo de Administración y Director Ejecutivo de Fibra Danhos. Su hermana, Elvira Daniel Kabbaz forma parte del Comité Técnico de Fibra y es Directora de la empresa de comunicación y marketing de la misma. Pero también, es una servidora pública con una corta trayectoria. Es abierta militante del partido Morena y actualmente, es Directora General del Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) un organismo descentralizado del gobierno federal sectorizado a la Secretaría de Energía, dedicado a “garantizar la gestión, el transporte y almacenamiento necesarios para el abasto seguro, confiable y eficiente de gas natural en el país”, según se lee en su página web.

De acuerdo con información de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Fibra Danhos es uno de los dos mayores propietarios de las oficinas que se ofertan en la Ciudad de México y que en total abarcan 8.5 millones de metros cuadrados. Tiene desarrollos en 361 mil 736 metros cuadrados, lo que equivale a 4.26 por ciento. Fibra, sólo es superada en este mercado por Fibra Uno con 18 edificios que tienen el 9.33 por ciento del total. Sus propiedades más representativas son Parque Delta, Parque Duraznos, Parque Lindavista, Parque Cuicuilco, Parque Tezontles, Reforma 222 y el más reciente, Parque Toreo.

La semana pasada, la doctora Sheinbaum informó que después de revisar a detalle los términos del SAC y tras un avalúo del parque construido, se alcanzó un acuerdo con las empresas que exigían el pago de su inversión, para que a cambio de renunciar al supuesto adeudo, las empresas puedan seguir adelante con el desarrollo de su conjunto residencial y el centro comercial en la zona.

De acuerdo con el gobierno local, la suspensión quedó sin efectos y los vecinos que promovieron los recursos de amparo se desistieron porque estuvieron de acuerdo con la negociación pactada.

¿Cuáles fueron las condiciones que dejaron a los vecinos satisfechos?, ¿no representa este convenio un abierto conflicto de interés entre el gobierno de la doctora Sheinbaum y los empresarios consentidos de AMLO? ¿No que este gobierno prioriza el bienestar de los más pobres por encima de las ambiciosas metas de los más ricos?

Nosotros por lo tanto hemos puesto a prueba la transparencia que promete la actual administración de la capital y esperamos pronto contar con toda la información que nos permita terminar de contar la historia de este predio que pasó de ser un triste terreno baldío a un millonario polo de desarrollo urbano del que sólo unos pocos podrán gozar de su usufructo.

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